Milei estalló contra el FMI y hay final abierto

La última visita europea de Javier Milei, apenas días después de la anterior, comenzó con un triunfo político. El encuentro con Isabel Díaz Ayuso, condecoración incluida, contrastó positivamente con el propósito original del paso del presidente por Madrid, que era recibir en un casino el premio del Instituto Juan de Mariana: un reconocimiento insignificante, cuya recepción personal sólo se entiende en la incontenida admiración de Milei por el abogado español de la escuela austríaca, Jesús Huerta de Soto, que se explica por el afecto que “el profesor” le brindó al presidente argentino, motivo casi único de las amistades y enemistades de Milei.

Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid. No sólo juega en primera, disputa el liderazgo del Partido Popular, ganador de las últimas elecciones europeas, y primero también en los anteriores comicios nacionales. A diferencia del actual líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, Díaz Ayuso tiene un discurso cercano al de la ultraderecha de Vox en planteos sobre temas como migraciones, feminismo o las medidas de combate a la pandemia, que le sirvieron para enfrentar a Pedro Sánchez. Madrid fue de las comunidades que más resistieron los confinamientos y las prevenciones sanitarias y es, además, una de las que cobra menores impuestos y se caracteriza por sesgos distributivos favorables a los más ricos, como la reciente legislación –conocida como Ley Mbappé, por haber facilitado la llegada del astro al Real Madrid– para permitir que las rentas más altas, millonarias que reinviertan en la comunidad, paguen tramos de impuesto a las ganancias similares a los salarios más bajos de todos.

A diferencia de Vox, Díaz Ayuso no cuestiona a la Unión Europea de manera frontal, algo que agrada a la postura liberal de Milei, pero, mucho más importante, su posición no es en el margen del sistema sino en el centro. Vox es un espacio relevante, pero confinado a un lugar subalterno en el sistema político español. Una rueda de auxilio y una ventana de Overton para la derecha tradicional. La presidenta de la Comunidad de Madrid concentra, en cambio, la atención del espacio y es una seria candidata, si no la principal, a suceder a Sánchez. Milei, que ya había ocupado de una manera determinante la escena política española en su confrontación con el presidente del Gobierno, consigue colocarse como una referencia no ya para la oposición semi marginal sino para un liderazgo que ganó elección tras elección a nivel de uno de los centros neurálgicos más relevantes de toda Europa.

El caso de la visita a Alemania y la reunión con el titular del Gobierno, el socialdemócrata Olaf Scholz, los problemas para su celebración y los contrapuntos que la rodearon muestran las dificultades que, ante la menor contraindicación, enfrenta Milei en su rol de estadista –que contrastan con la facilidad con la que consiguió referenciarse a sí mismo y sus ideas a nivel personal. La que iba a ser una visita de Estado con recepción de alfombra roja y honores militares –con encuentro privado entre ambos mandatarios y conferencia de prensa conjunta– se convirtió en una reunión de trabajo sin declaraciones a la prensa. Antes del encuentro, el portavoz del Gobierno de Alemania, Steffen Hebestreit, había cuestionado explícitamente las declaraciones de Milei hacia el presidente del Gobierno de España y su esposa, calificándolas de “faltas de gusto”.

En Alemania preocupaba también, tanto a nivel de político como diplomático, lo que fuera a suceder con el premio de la Sociedad Hayek, que impulsó quizás más que la oportunidad diplomática, su llegada al país. La Sociedad Hayek, más allá de su orientación económica ultraliberal, estuvo atravesada en casi toda la última década por las controversias en torno a la membresía de personalidades vinculadas al partido Alternativa por Alemania (AfD). AfD no es uno más en el espectro de espacios de ultraderecha europeos. Ya por el pasado alemán, las sensibilidades hacia el sector son diferentes, pero las vinculaciones con el nazismo no son solamente teóricas. El partido fue recientemente excluido del grupo Identidad y Democracia –el más a la derecha del espectro europeo– por declaraciones de un dirigente que relativizaban los crímenes de las SS y fue puesto bajo la lupa por sus vinculaciones más o menos explícitas al nazismo por la justicia alemana, los servicios de inteligencia y hasta el Comité Judío Central. Con estos antecedentes, el partido es hasta hoy excluido como socio válido de coalición por todos los sectores, desde la izquierda hasta la centroderecha de la política alemana. A pesar de la presencia de dos integrantes de AfD en primera fila para la entrega de la medalla Hayek, en el gobierno de Alemania respiraron aliviados porque no hubo un acercamiento político entre el presidente argentino y el capítulo alemán de su alineamiento ideológico internacional.

En cuanto a la reunión bilateral con Scholz en sí, la oportunidad de mostrar flexibilidad y sintonía con un líder de distinta orientación política quedó en suspenso. El comunicado oficial del Gobierno alemán sobre el encuentro abordó la necesidad de mitigar los impactos sociales de las medidas de ajuste, aunque desde la Argentina desmintieron que aquello se hubiera tratado. Un ruido adicional a los producidos en la previa. No tenía por qué ser así. Las coincidencias entre la actual administración y los intereses alemanes son numerosas y relevantes. Alemania tiene un peso importante en el FMI, donde se ubica habitualmente como un halcón en temas fiscales, en línea con la vocación por el superávit financiero del oficialismo local.

Alemania también se interesó en el ingreso de Argentina en la OCDE, casi un club de buenas prácticas económicas de mercado dirigido por los países ricos y es el principal patrocinador del acuerdo Mercosur-Unión Europea. El RIGI, recientemente aprobado, supone oportunidades para desarrollos que son de interés de las empresas alemanas, como hidrógeno y minería. Las diferencias, con todo, no impidieron que el presidente saliera razonablemente airoso de su primer encuentro bilateral pautado con otro jefe de Gobierno europeo, algo que repitió pocas horas después, ya con mayor cercanía ideológica y menor relevancia estratégica, con su homólogo checo. Habrá que ver si la disciplina se mantiene la semana próxima, en Paraguay, en ocasión de la Cumbre del Mercosur, donde deberían tomar la palabra tanto Milei como su par brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva.

Las sintonías ideológicas con Ayuso y las discrepancias con Scholz se reflejan en los sesgos del ajuste argentino, que tendrá un nuevo capítulo en el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en Diputados. A seis meses de gestión, la promesa de ajustar solamente a la casta reveló una imposibilidad que no era de práctica sino de diseño. De eliminarse todos los sueldos de ministros, secretarios de Estado, directores nacionales, choferes, vuelos de avión, asesores, publicidad y demás rubros vinculados de uno u otro modo a la gestión de la política, se llegaría apenas al 0,5% del PBI. La décima parte del ajuste fiscal de cinco puntos que intenta encarar el Gobierno y que recayó en jubilaciones y pensiones, obra pública, transferencias a las provincias –un mega rubro que incluye desde gastos corrientes provinciales y favores políticos hasta el FONID, que iba directo al bolsillo de los docentes, o el cofinanciamiento de centros de salud como el Hospital Garrahan– y políticas sociales –donde el aumento en AUH y Tarjeta Alimentar se compensa con recortes en programas como Potenciar Trabajo.

Del lado de los ingresos, la Cámara de Diputados deberá tratar la reposición del impuesto a las ganancias para cientos de miles de trabajadores en relación de dependencia, cuyo mínimo no imponible se ubicaría en 1,8 millones de pesos para solteros y 2,2 millones para una familia con dos hijos, que se actualizarán semestralmente por inflación tras dos ajustes iniciales trimestrales. La Cámara también debatirá la reducción del impuesto a los Bienes Personales, donde se igualaría lo que se paga por bienes en el país con lo que se paga por bienes en el exterior. La alícuota se reduciría gradualmente del 1,5% al 0,25% y se podría cancelar anticipadamente, obteniendo alícuotas reducidas hasta 2038, algo que el exdirector de Aduanas, Guillermo Michel, considera abstracto y opuesto a las potestades tributarias provinciales.

Tanto la suba de Ganancias como la baja de Bienes Personales, de ser aprobadas por los diputados, nacen con fuertes cuestionamientos en cuanto a su validez legal. Ambos capítulos fueron rechazados por el Senado. El Artículo 81 de la Constitución Nacional impide a las Cámaras volver a tratar ningún proyecto desechado en su totalidad por una Cámara durante el año parlamentario, pero sí permite a la Cámara de origen (en este caso Diputados) insistir con su redacción original frente a las adiciones o modificaciones de la Cámara revisora (Senado). Si el paquete impositivo fue aprobado en general, pero los títulos de Ganancias y Bienes Personales fueron rechazados, ¿hay que tratarlos como modificación parcial de una gran ley ómnibus o como rechazo? La doctrina está dividida, aunque son más los juristas que cuestionan la validez de reformas impositivas tan profundas con el visto bueno de sólo una de las Cámaras. La cuestión, casi seguro, se judicialice, por lo que de aprobarse, los nuevos impuestos difícilmente aporten seguridad jurídica.

Más allá de esto, la baja de Bienes Personales merece una impugnación en términos de equidad y hasta legitimidad moral en un contexto de necesidad de ajustes presupuestarios. Sin acceso al crédito, y con alta inflación, economistas ortodoxos y heterodoxos que creen en la ley de gravedad coincidían con el Gobierno en la necesidad de un ajuste, aún cuando no hubiera acuerdo sobre su magnitud. Un factor relevante para su legitimación, sin embargo, es la justicia distributiva. El impuesto a los Bienes Personales, aún con un pésimo diseño de base, recae sobre aquellos argentinos que cuentan con los mayores patrimonios y, en un contexto de dificultades, los que están en mejores condiciones para enfrentarlas. El Gobierno no sólo no tomará ese camino sino que, de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso, se perderá de recaudar medio punto del producto para dar alivio a los que más tienen por una década y media, con el único y dudoso propósito de facilitar el éxito del blanqueo, que difícilmente traiga al sistema argentino al numeroso grupo de millonarios radicados en Colonia y Montevideo. Una prédica religiosa.

Last but not least, desde la reunión entre Milei y Kristalina Georgieva –que #OffTheRecord calificó como “mala”–, comenzaron una serie de elucubraciones sobre las diferencias entre el Fondo Monetario Internacional y Luis Caputo que se disiparon cuando, en su staff report, el organismo “anticipó” una serie de medidas que fueron descartadas por el ministro de Economía con un lenguaje que –primero a través de su secretario de Finanzas y luego por la vía del comunicado– tenía bastante de desafío. Una elección de palabras que podría haber elegido perfectamente Sergio Massa. El diferendo entre Toto y el FMI no es nuevo para la Argentina: ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri y terminó con Caputo fuera del Gobierno. El tropiezo de Milei con la búlgara tuvo una precuela: una reunión de Quirno y Vladimir Werning con el staff del Fondo que no terminó bien.

En este marco, el viernes a través de su cuenta de X, el ministro Caputo insistió: “Una vez más: no hay ninguna devaluación prevista; el 80/20 se mantiene y el Fondo NO tiene problema con esto (está en el comunicado porque viene de antes cuando estimábamos que le ley podía pasar en marzo); el crawl de 2 pct se mantiene también. Aún no hemos iniciado las negociaciones del próximo acuerdo con el Fondo, con el cual mantenemos una muy buena relación”. Sin juzgar la estrategia de Caputo –que, incluso, esgrime un argumento tácito sumamente atendible en materia de soberanía– el mensaje ya era inverosímil el viernes, y a primera hora del lunes se reveló falso por las declaraciones que brindó Milei a Radio Mitre. El textual es extenso, pero vale toda la pena del mundo:

“Hay un problema muy delicado, que es el problema de los PUTs. Y esto me parece que vale la pena mencionarlo para mostrar la irresponsabilidad y perversidad del Gobierno anterior porque frente a la situación de déficit fiscal fue a buscar financiamiento al sistema financiero local que no querían prestarle al fisco, al Tesoro. Ellos estaban dispuestos a prestarle al Banco Central que es un mejor pagador, en principio, supongamos. En ese contexto, para que no se quedara reflejado en la hoja de balance del Banco Central, se le entregó unos PUTs, pero que estaban para ser ejercidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el balance del Banco Central, solamente figura el valor del PUT, que es un número muy inferior al valor de la obligación. Pero esa obligación está on demand, eso está para ser ejercido. Estamos hablando de cuatro puntos del PBI. Pero eso no sólo es responsabilidad del Gobierno anterior y del Banco Central anterior sino también de algún técnico del Fondo Monetario Internacional que avaló esto o que hizo la vista gorda. Digamos, algún técnico del Fondo Monetario Internacional que pueda tener vínculos con el Foro de San Pablo”.

Milei estaba hablando del director del departamento para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, un exministro ortodoxo de Michelle Bachelet a quien para vincular con el Foro de San Pablo hay que hacer una acrobacia argumental sólo tolerada por la excepcionalidad argentina, pero que, vista de afuera, genera prima facie lo mismo que varias de las elaboraciones intelectuales del presidente argentino: estupor, en primer caso. Lo que no termina de entenderse es la búsqueda de Milei. ¿Por qué choca de frente con el funcionario del organismo que tiene a su cargo el caso argentino? ¿Está explorando alguna alternativa? ¿O es, como en casi todo, una explosión de índole emocional? Valdés ya había tenido sus escarceos con Massa, cuando le pidió al entonces ministro argentino una devaluación superior a la aceptada por el Gobierno de aquel entonces. El enojo de la actual administración con el Fondo viene –como fue oportunamente revelado en este espacio– de la demanda de sustentabilidad institucional que pidió el organismo y que le generó al oficialismo un desgaste que consideraron innecesario en el marco del debate por la Ley Bases.