Los 60 días de Perón para bajar los precios

El 13 de junio de 1946, a diez días de asumir como presidente de la Nación, Juan Domingo Perón anunció el inicio de una campaña de sesenta días para abaratar los artículos de primera necesidad.

La campaña electoral del exsecretario de Trabajo había puesto a la independencia económica y la justicia social como dos de las tres banderas que debía realizar una vez en el gobierno. Hacia allí se encaminó. Para comprender esta historia hay que quitarse la imagen construida sobre el peronismo como un movimiento vertical, homogéneo y sin conflicto. Pensemos en una construcción política que llevaba apenas un año funcionando, con tensiones internas, con una contundente victoria que parecía más que electoral. Parecía una victoria sobre quienes habían controlado la Argentina en sus primeros 130 años de existencia.

Perón necesitaba consolidar su posición. Conformó un gabinete compuesto por diferentes sectores pero fundamentalmente apoyado en el movimiento obrero. La amplia victoria en las elecciones le daba una posición fuerte en el Congreso (109 diputados peronistas contra 49 opositores y casi todos los senadores excepto dos). Sin embargo, la oposición radical en el Congreso resolvería una estrategia de obstrucción desde el primer día: ni siquiera reconocería la legitimidad de la victoria electoral en la sesión de mayo convocada para hacerlo. Consideraba ilegal la candidatura de Perón. No le darían siquiera, cuenta Joseph Page en su biografía, los días de luna de miel.

En la asunción de José María Freire (del sindicato del Vidrio) como el primer ministro de Trabajo en la historia argentina, Ángel Borlenghi, quien fungía como ministro del Interior y también líder sindical del sindicato del Comercio, adelantó los planes de Perón. Era el firme propósito del presidente contemplar todos los problemas de los trabajadores, dijo, con el espíritu de la justicia social. Y en ese espíritu, con urgencia de horas, se adoptarían “medidas conducentes a extirpar la especulación que hambrea al pueblo a costa de su salud”. Así sucedió. Las medidas se estaban preparando con urgencia de horas y fueron anunciadas por el presidente de la Nación el 13 de junio de 1946:

Dijo Perón que existía una línea de vida fijada por el salario mínimo y que aquellos que no la alcanzan tienen salarios sumergidos. Que esta campaña buscaba que ningún ciudadano argentino esté entre aquellos últimos. Que un salario podía quedar por debajo del nivel de vida por un aumento de precios justificado o injustificado. En el primer caso, sostuvo, no habría otro remedio que aumentar los salarios. Pero en el segundo el remedio estaría en bajar los precios. Dijo que un aumento justificado era aquel impulsado por la escasez de producción, el exceso de exportación o la mala distribución de los artículos; uno injustificado era aquél que obedecía a la especulación, la mala distribución por acopio o la sustracción a la venta.

La campaña de los 60 días tendría como objetivo bajar el precio de los artículos de primera necesidad. Para ello, decía Perón, la cooperación del capital y el trabajo sería indispensable. Los productores, industriales y comerciantes deberían poner su parte del hombro: acelerando la producción, disminuyendo a lo indispensable la exportación y asegurando una distribución adecuada. El trabajo pondría la otra parte: aumentando el rendimiento para producir más y rindiendo con sus trabajos, en todas las horas, el máximo posible. El periódico sindical de filiación peronista titularía al día siguiente: “Movilizó Perón al pueblo: guerra a muerte con los especuladores”.

Perón convocó a alguien más, un sujeto hasta ahora desconocido: “Los consumidores,

vale decir el pueblo, también tiene su cooperación que asegurar en este problema. Cooperará no pagando en ningún caso precios mayores que los fijados y denunciando a todo mal comerciante que quiera imponer precios sobre los oficiales. Cada ciudadano debe ser un soldado de esta cruzada y cooperar con el Estado”. Quizás alguna vez lo había hecho pero ahora el pueblo tenía un nuevo nombre, un sinónimo o un apodo. Los consumidores.

La campaña lanzada por el gobierno consistía en la fijación de los precios de los productos que el Consejo Nacional de Posguerra había denominado de primera necesidad en 1945. Eran aquellos productos que una familia obrera necesitaba para comer y vestirse dignamente con el salario vital mínimo vigente al momento. El control de precios se reforzaría con la multiplicación de la cantidad de inspectores, por un lado, y un convenio con la Cámara de Grandes Tiendas para bajar los precios que hubieran aumentado de manera injustificada, por el otro. Además habría medidas complementarias. Se modificaba la ley de abastecimiento. Se extendió a las provincias la facultad de fijar precios. Y se limitó la exportación de aquellos productos incluidos en la campaña. Durante el año, también, se prorrogó la ley de alquileres y se sancionó una ley de combate a los monopolios.

El historiador Marcos Schiavi sostiene –en este artículo que da cuenta del rol que jugaron los sindicatos– que la campaña tenía tanto objetivos económicos como eminentemente políticos. Cohesionar a las fuerzas que integraban la coalición peronista –en el marco de las tensiones que habían llevado a Perón a disolver el Partido Laborista antes de asumir– al enfrentar a su gobierno con un enemigo común. El llamado a los trabajadores y sus organizaciones era un llamado a defender su Gobierno y posponer las disputas internas.

Y así sucedió.

La CGT, como columna vertebral del recién inaugurado gobierno, publicó un comunicado el día del lanzamiento de la campaña. Convocaba a sus organizaciones afiliadas a movilizar a sus cuadros sindicales, a las filiales a hacer asambleas y a las Comisiones Mixtas a acatar las directivas de la CGT y el Poder Ejecutivo. “En el decidido propósito –dice el comunicado– de abaratar el costo de vida y combatir el alza injustificada de los artículos de primera necesidad”. El Comité Central de la CGT se reunió el 1° de julio para manifestar su apoyo a la campaña y allí se decidió la convocatoria a un acto público que se realizó el 27 de julio en el Luna Park. Ese sábado, el lugar rebosaba de gente para escuchar a Borlenghi, Rolando Lagomarsino (secretario de Industria del Gobierno), Silverio Pontieri (secretario general de la CGT) y Perón. Fue su primer acto público como presidente. La campaña de los sesenta días tenía un objetivo concreto para las organizaciones sindicales: no perder en la góndola lo que habían ganado en la mesa de negociación de los convenios colectivos.

Aunque la participación sindical era políticamente relevante, y un apoyo fundamental para cualquier iniciativa del gobierno en ese contexto, la convocatoria oficial apuntó antes al consumidor que al trabajador. A esa doble identidad, la del trabajador-consumidor, propia de los modelos keynesianos del Estado de bienestar. Por medios de comunicación oficiales y para oficiales se interpeló al trabajador-consumidor a ser parte de la campaña. Se difundieron manuales de buenos usos: no comprar artículos por encima del precio fijado, no aceptar la falta de productos y denunciar de inmediato las violaciones a las medidas dictadas.

Natalia Milanesio escribió un libro hermoso sobre la incorporación de los trabajadores al consumo. Se llama Cuando los trabajadores salieron de compras y describe el ingreso de los trabajadores argentinos al mundo del consumo como “una gran entrada que amplió los límites de su inclusión a niveles impresionantes”. Los trabajadores habían comenzado a ocupar lugares antes vedados: el espacio público el 17 de octubre de 1945, los centros de votación en febrero de 1946, el Congreso de la Nación en junio. El libro de Milanesio se encarga de una última ocupación: el mundo del consumo. Los trabajadores participaban del consumo antes, claro, pero no fue hasta la llegada del peronismo que “el trabajador-consumidor se convirtió en un agente histórico definitivo de enorme visibilidad cultural y social, y de una influencia política y económica sin precedentes”.

Esa incorporación no sería inocua. Una anécdota que cuenta uno de los hermosos testimonios que tiene ese libro (que hay que leer entero) se refiere a un “problema” subsecuente: “soy antiperonista porque mi mucama se viste igual que yo”, refiere Victoria Benvenuto, militante del Partido Peronista Femenino de los años ́50, que le dijo su tía. Las clases altas, y medias, habían perdido un signo tradicional de prestigio y tendría consecuencias.

La campaña terminó a los 60 días. Una solicitada del Gobierno sostuvo que durante esos 60 días los precios de los artículos esenciales habían disminuido alrededor de un 20%. El problema de la inflación, claro, continuaría durante ese Gobierno y durante los subsiguientes. En el camino, la campaña había conseguido otros objetivos. Le había dado al peronismo cohesión interna en un momento de complejidad política. Le había dado una explicación y un argumento a un problema central de su programa político basado en la independencia económica y la justicia social: la carestía de la vida por el aumento de precios. Y había contribuido a crear un responsable político de ese problema. La simplificación de decir “creó un enemigo” supone una exagerada autonomía de la voluntad. Ese enemigo lo precedía y en todo caso el Gobierno peronista lo aceptó como tal y le asignó un nombre: la oligarquía. Pero Perón no inventó a la oligarquía.

Su último discurso como funcionario del Gobierno anterior había sido el 9 de octubre de 1945, días antes del 17 de octubre, cuando anunció la oficialización del decreto que establecía el aguinaldo. Cuenta Alejandro Horowicz en el libro Los cuatro peronismos que la hostilidad empresaria a dicho decreto, acompañada por la Unión Democrática, se plasmó en lo que les respondieron a los trabajadores, y al gobierno de Farrell, cuando se venció la última fecha de pago del aguinaldo (el 7 de enero de 1946): “Vayan a cobrarle a Perón”.

La disputa entre empresarios y gobierno, con la clase obrera en medio, tuvo su punto más álgido ese verano cuando los empresarios lanzaron un lock out a escala nacional entre el 14 y el 16 de enero. La actividad productiva quedó suspendida totalmente y hubo escasez de productos básicos. La policía reforzó el patrullaje en las calles del país y la tensión creció durante los tres días, a la espera de alguna reacción gremial o de los propios trabajadores. Pero el gobierno de Farrell no cedió y las Fuerzas Armadas lo apoyaron. De haberse quebrado esa resistencia, sostiene Horowicz, “hubiera implicado adelantar el reloj político de una década, para situarlo en junio-septiembre de 1955”. Cambiar la disputa democrática sobre el aparato estatal por una guerra civil, tal como propuso el capital en 1955, luego de bombardear la Ciudad de Buenos Aires y, meses después, imponer un nuevo gobierno a través de un golpe de Estado. Esta vez los empresarios, sin respaldo militar, pagaron el aumento y el aguinaldo el 18 de enero.

Y ese, finaliza Horowicz, es el verdadero hallazgo político: “una dialéctica insuperable quedó instaurada: si la clase obrera ata su suerte a la del coronel porque los empresarios atan la suya a enfrentarlo, existe políticamente”. Decir que la campaña de los sesenta días no terminó con el problema inflacionario en la Argentina es suponer que una medida de gobierno podía resolver –vamos a decirlo así– la estructura de la lucha de clases en la Argentina. En todo caso, no resolvió lo que no se proponía resolver. Sí contribuyó a reproducir, a reforzar y a mantener la victoria de una de las dos mitades (que no son siempre mitades simétricas, dirá Horowicz) que se había obtenido en las elecciones.

Eso no lo había inventado Perón. “Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón”, dirá Mordisquito en la voz de los trabajadores el 10 de noviembre de 1951, un día antes de la reelección de Perón. “Los trajo, en su defensa, un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria”, finalizó.