Un paso atrás

Entre las cuestiones que tenía por delante al asumir la presidencia, el gobierno de Alberto Fernández tenía entre sus tareas recuperar el compromiso histórico con los Derechos Humanos, individuales y colectivos, como un norte inalienable de la política exterior del país. Desde la reanudación durante el gobierno de Néstor Kirchner de los juicios con los que, con todas las garantías vigentes, Argentina cumplió con su responsabilidad internacional de garantizar verdad y justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, el país consolidó un camino de legitimidad creciente a nivel de derecho internacional de los Derechos Humanos que inició durante su gobierno Raúl Alfonsín, que siguió con decisiones como la extradición del criminal nazi Eric Priebke y que incluyó el repudio del gobierno de Eduardo Duhalde al golpe de Estado contra Hugo Chávez, en contra de la posición de los gobiernos de Bush y José María Aznar. Entre 1983 y 2015, Argentina acompañó el funcionamiento del sistema interamericano y global de Derechos Humanos.

Esta posición fue objetivamente quebrada durante el gobierno de Mauricio Macri, primero tímidamente, en cuestionamientos a la competencia de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, tiempo después, en forma definitiva, a partir del reconocimiento del gobierno surgido del golpe de Estado contra Evo Morales como un gobierno legítimo. La tarea del nuevo gobierno, de recuperar la posición histórica argentina, fuente de prestigio e influencia internacional, encontró dos grandes obstáculos.

Lo que fue un compromiso histórico con el sistema interamericano, chocó con la conducción de Luis Almagro como Secretario General de la Organización de Estados Americanos, con una posición abiertamente partidizada, intervencionista y subordinada a la agenda del gobierno de Donald Trump, acompañada por agrupamientos regionales ideológicos, como el Grupo de Lima que, desenganchados de cualquier preocupación real por los Derechos Humanos, hicieron de su invocación un ritual tan habitual como bastardo. A nivel interno, por el contrario, las presiones aparecieron en un sector de la coalición obsesionado con un antiimperialismo infantil para el que la vigencia internacional de los Derechos Humanos es, en el mejor de los casos, una prioridad secundaria o un problema de organización interna. El gobierno de Alberto Fernández, con vaivenes, navegó el estrecho con habilidad, pero siempre en los bordes, acompañando y acompañado por la tarea de Michelle Bachelet, que le permitió mantener una postura sobre Venezuela que, en el saldo, se alínea con la coherencia y la independencia en el planteo de una política exterior comprometida con los derechos fundamentales.

La elección de no condenar las recientes detenciones de los principales referentes opositores en el seno de la Organización de los Estados Americanos sólo puede leerse como un desvío grave de las mejores tradiciones de la política exterior argentina y corre el riesgo de, tras el gobierno de Macri, partidizar la defensa de los derechos fundamentales. A diferencia de Venezuela, no hay en Nicaragua -y no existe ninguna hipótesis de que vaya a haberla- la amenaza de una intervención externa directa y la situación es una de las más graves que se recuerden. El actual momento de Nicaragua se construyó a partir de las protestas de 2018 que tuvieron un saldo de más de 300 fallecidos. La legislación aprobada desde ese entonces permite proscribir y perseguir a todo aquel acusado de tener opiniones similares a las de países extranjeros. Entre los detenidos en los últimos días se encuentran los cuatro principales precandidatos opositores para la próxima elección presidencial y -no casualmente- muchos de los referentes históricos del sandinismo que participaron junto al propio Daniel Ortega del derrocamiento del dictador Anastasio Somoza. Por lo demás, la resolución de la que Argentina se abstuvo se limita a condenar las detenciones y exhortar un proceso electoral transparente y sin proscripciones.

Aún más graves son algunos de los términos de la declaración conjunta de Argentina y México, incluso dejando de lado el agravio a los países que redactaron la resolución. Si México ha hecho del asilo y la no intervención los principios de su política exterior a partir de la doctrina Estrada, por la cual fue históricamente neutral respecto de la existencia de dictaduras militares, Argentina sostiene un posicionamiento mucho más activo en la defensa internacional de la democracia. En ese sentido, el repudio a la detención de las principales figuras opositoras no puede ser entendida como “el intento de imponer pautas desde afuera”. Del mismo modo, la legislación represiva nicaragüense vigente, que proscribe expresamente a las voces disidentes, impide “prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales”. El problema, claro, es el juicio. Y si se quería decir otra cosa -por ejemplo, que los observadores de la OEA comandada por Luis Almagro no son confiables- era eso lo que debía decirse. La conclusión de que la situación “será superada por las y los propios nicaragüenses, resguardando la convivencia pacífica, la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto de todos los derechos humanos” es una consecuencia de las premisas equivocadas. El gobierno de Ortega ha capturado todas las instituciones del Estado, acallado las voces disidentes y encarcelado y perseguido hasta derramar sangre a las que, al menos hasta las últimas elecciones limpias, eran las minorías. Al desconocer esta realidad, Argentina dio un inexcusable paso atrás.