Ubi est mea

Los tuits de Cristina Kirchner revivieron el enfrentamiento perenne entre la vicepresidenta y la Corte Suprema. La historia es conocida: el máximo tribunal repuso una ley derogada. Lo hizo en un expediente que tiene 16 años y hacía más de cuatro estaba en la Corte. La dilación es un lujo de pocos: los supremos le dieron al Congreso 120 días de plazo para resolverlo con el receso estival en el medio. Las críticas de un sector del oficialismo son públicas y apuntan, en los últimos meses, contra Horacio Rosatti. Recuerdan que, en un hecho singular, Rosatti se votó a sí mismo. Ese señalamiento, paradójicamente, fue acompañado por Ricardo Lorenzetti, autor intelectual de la llamada Doctrina Irurzun, otro caso de branding exitoso. Lorenzetti dijo, en su momento, que la elección del actual titular del cuerpo fue «irregular» y que sus compañeros repitieron «vicios» de jueces «moral y jurídicamente descalificados» como los que ungieron a Julio Nazareno en ese cargo en el 2000: «Ha afectado el prestigio de la institución y de la elección misma».

Lorenzetti volvió a diferenciarse de Rosatti en el voto sobre la inconstitucionalidad de la conformación actual del Consejo de la Magistratura y sostuvo que no se podía reponer una ley derogada. Cerca del Presidente del tribunal recordaron que el Loro acompañó con su voto afirmativo un caso similar hace menos de diez años y señalaron, con sorna, un presunto doble estándar. En su momento, la oposición que hoy celebra a Rosatti lo señaló como parte de “la mayoría peronista”. Hoy es John Marshall. Las alianzas tácticas en el máximo tribunal, si uno sobrevuela los hechos de público conocimiento, son dinámicas. Las estratégicas, menos, pero habitan extramuros. La elasticidad en la interpretación de las normas es inversamente proporcional a la fortaleza del sistema político y este aparece como el síntoma más interesante para analizar el episodio. ¿Hubiera avanzado la Corte con esta decisión si la política estaba ordenada? Es una incógnita. 

La discusión, entonces, es el lente. El kirchnerismo propone el moral; Rosatti el simbólico, de poder: “Porque puedo”. Las críticas oficiales son válidas, pero no desde lo institucional: ninguna de las decisiones mencionadas por el ascendente Matías Mowszet en el tuit recogido por la vicepresidenta son inconstitucionales. Si la cabeza del Poder Judicial tiene que tener una actitud de estándares éticos indiscutibles es una agenda no vinculante con los resultados. Por eso, hay que prestarle atención al doble juego del Frente de Todos. Mientras sus espadas más ruidosas hablaron de “golpe”, dentro del Consejo le quitan dramatismo a la situación y esperan una definición del Presidente y su vice para dar o no el quórum que dependería, entre otras cosas, de la convivencia que propongan los recién llegados, a menos que la oposición logre forzar la interpretación sobre la conformación del cuerpo. Además de la escalabilidad del conflicto, no poder lograr el funcionamiento del organismo luego de tamaña demostración de poder sería una gestualidad desaconsejable. It’s a developing story. 

No es el único desafío que enfrenta el sistema político. Si hubiera que buscar el aleph de la economía argentina, el lugar donde todo confluye, sin superposición y sin transparencia, ese lugar sería casi con seguridad el sector energético. El sector externo, la inflación y el consumo domiciliario, los límites al crecimiento del país y su potencialidad futura para generarlo, se encuentran en directa relación con la producción, transporte y comercio internacional de energía. Un informe aún no publicado realizado por Nicolás Arceo, Lara Bernsten y Andrés Wainer para Fundar repasa las potencialidades del sector energético de forma pormenorizada tanto respecto del mercado internacional como en relación a los marcos regulatorios. 

El documento identifica, en línea con otros desarrollos a los que se dio cuenta desde este espacio, al gas natural como el sector de mayor potencial de crecimiento exportador en nuestra producción de hidrocarburos, lo que sería acompañado por un incremento explosivo de las fuentes renovables, una ventana de algunas décadas hasta completar la transición energética. Advierte, sin embargo, sobre los riesgos regulatorios que podría enfrentar -con una ventana de tiempo relativamente corta- el desarrollo del sector, para lo cual realiza una extensiva revisión de los modelos regulatorios de nuestra historia reciente. 

El informe señala que la política desarrollada bajo la dirección del exministro Julio De Vido -centrada en garantizar el abastecimiento del mercado interno a precios reducidos respecto del valor internacional- tuvo como efecto una sistemática reducción de los niveles de inversión en el sector hidrocarburífero local aún con una demanda creciente, que obligó a recurrir a importaciones de otros mercados, por lo que el beneficio a los consumidores significó un problema agregado, que agravó tanto la situación fiscal como la restricción externa. La crítica es interesante porque el propio Arceo fue parte del equipo con el que desembarcó Axel Kicillof en el área de Energía. Es durante ese período que el informe identifica dos políticas virtuosas que respalda en algunos datos: la reestatización de la mayoría accionaria de YPF -que permitió recuperar inversiones en yacimientos locales que Repsol había desatendido sistemáticamente- y la mejora en los precios internos tanto de petróleo como de gas que, sin embargo, al no ser trasladado a los consumidores finales en una medida significativa, se materializaron en un precio sostén pagado por Estado Nacional en la cuenta de subsidios. 

Por último, el informe señala las deficiencias en la política energética del macrismo, que abandonó el precio sostén en pos de confluir con los precios internacionales -bajos en los primeros años- para luego regresar a políticas de desacople de los precios internos tras la crisis iniciada en 2018. En relación a YPF, las políticas macristas tanto de precios de mercado como de estímulo a la producción de gas fueron perjudiciales para la compañía estatal que debió reducir drásticamente los niveles de inversión en línea con la reducción de sus ingresos.

El informe termina con tres recomendaciones de política pública. A diferencia del sector agropecuario, señala que Argentina no se encuentra entre los productores de hidrocarburos más eficientes del mundo y, de no resultar atractiva para nuevas inversiones, estará condenada a importar hidrocarburos en vez de desarrollar sus propios recursos. Por ello propone evitar repetir medidas de desacople entre los precios internos y los internacionales, desarrollar un nuevo marco legal que otorgue garantías para exportar y aborde el problema recurrente de las empresas extranjeras que operan en el país: la dificultad en el giro de divisas. Como contrapartida, aparecería posible una medida muy resistida por las empresas: establecer retenciones móviles para situaciones excepcionales de precios internacionales que permitirían al Estado apropiarse de rentas extraordinarias cuando excepcionalmente existieran por motivos geopolíticos o de mercado y evitar que aumentos muy por encima de los que viabilizan las inversiones necesarias en el sector se trasladen a los consumidores.

La recomendación del informe de Arceo y Fundar no encuentra demasiado eco en un ala del gobierno que representa el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, quien elaboró un informe relativo a la intención del gobierno de aumentar las tarifas domiciliarias de acuerdo a una fórmula que significa que para el 90% de los usuarios aumenten menos que el crecimiento de los salarios. El reporte de Basualdo señala que el establecimiento de la tarifa plena para el 10% de usuarios de mayores recursos podría redundar en aumentos de hasta el 400% en invierno para las facturas residenciales y hasta el 90% en grandes usuarios. Para usuarios residenciales señala que el aumento que surge de aplicar un ajuste promedio anual en 2022 de alrededor del 40% para el resto de los usuarios residenciales que no son beneficiarios de la tarifa social supondría incrementos en las facturas del 65% en junio cuando podrían ser puestos en funcionamiento. El informe, cuyo objetivo poco velado es prolongar las condiciones vigentes, enfatiza las dificultades políticas de aumentar tarifas. Señala que los incrementos podrían impactar en el cumplimiento de los pagos de facturas y que las dificultades podrían generar en las distribuidoras del interior -que a diferencia de Edesur y Edenor fijan sus propias tarifas- incumplimientos con Cammesa, afectando la cadena de pagos del sistema eléctrico. 

Por último, precisa que el cambio en los precios internacionales haría que la reducción efectiva de subsidios por la implementación de estas medidas sea de apenas el 13% en 2022. Si los argumentos políticos del informe son atendibles -y alcanzan para entender la complejidad del modo en que el macrismo recurrió a políticas de desacople de precios y congelamiento luego de la devaluación de 2018-, resulta discutible impugnar aumentos que estarán casi con seguridad por debajo de la inflación anual y que se garantiza estarán debajo del aumento de salarios por el impacto que tendrán en el momento particular de instrumentarse, nuevamente, teniendo en cuenta la obligación asumida por el gobierno argentino de readecuar subsidios que demandan una proporción del gasto público mayor a los grandes programas sociales como la AUH.

La decisión de avanzar en el reajuste de las tarifas parece, a pesar de los ruidos internos, inamovible, ya que lo contrario podría profundizar los desequilibrios existentes en materia de precios relativos. El informe mensual de la consultora Equilibra, que fundaron Martín Rapetti y Diego Bossio, releva la experiencia histórica existente en procesos de desinflación e identifica elementos comunes de los programas de exitosos, que incluyen al tipo de cambio como ancla, posibilitada por la recomposición de reservas e ingreso de divisas, un marco de precios relativos alineados y un bajo déficit fiscal. En Argentina, donde las tarifas domiciliarias de gas y energía eléctrica cubren cerca del 30% de su costo y el sector externo requiere un tipo de cambio oficial que no vaya a apreciarse en términos reales, el informe identifica como muy poco probable una reducción de la inflación en lo que queda del mandato del Frente de Todos. ¿Es lo mismo que piensa Sergio Massa? El acuerdo con el Fondo Monetario, en el mejor de los casos, fijaría condiciones para una estabilización futura pero, al mismo tiempo -por las políticas tarifaria y de tipo de cambio que imponen- la hacen impensable en el presente. La recomposición de reservas y el crecimiento de las exportaciones permitirían encarar dicha tarea, en la medida en que los desequilibrios internos no se vuelvan más pronunciados. 

Si el informe estuviera en lo cierto y no hubiera, en las condiciones actuales, márgenes para la reducción de la inflación, la mejora de las condiciones de vida deberá darse por vía de ingresos. El último reporte de la consultora CIFRA, de la CTA, determina en 2,3% la caída del salario real promedio formal privado en 2021, aunque reconoce una recuperación en el último trimestre, cuando los salarios eran 2% superiores a 2020. En el sector informal, la caída salarial habría sido más pronunciada y los niveles se encontrarían por debajo de 2020 -aunque estos datos, al no existir registros oficiales, sean de menor calidad en relación a los del empleo formal. De todas maneras, tanto las paritarias como otras políticas que pueda llevar adelante el gobierno nacional deberán apuntar a la recomposición de ingresos y distribución social de beneficios del crecimiento.

El anuncio conjunto del Presidente y su ministro de Economía, que va en ese sentido, generó reacciones diversas. Mientras que los hombres de negocios reconocieron ante #OffTheRecord que hubo contactos informales, pero que esperan la convocatoria oficial -que también alcanzará al movimiento obrero-, en el kirchnerismo se mostraron escépticos con la propuesta. “Antes que Guzmán lo tenga listo se va a terminar la guerra”, ironizaron ante este medio. La iniciativa así presentada promete un episodio conocido: sin los votos necesarios para su aprobación en el Congreso, la posibilidad de generarle un costo político para el oficialismo sin el beneficio aparece como un escenario probable. Exponer a la oposición como un bloque homogéneo que defiende a la crema del sistema requiere de una articulación política que la coalición de gobierno no tiene.

Junto a los anuncios de refuerzo de ingresos, Guzmán anunció un proyecto de impuesto a empresas con ganancias superiores a los 1.000 millones de pesos en el año cuya ganancia neta imponible real haya «aumentado de forma significativa en el año 2022 respecto a 2021″. El anuncio, que ya levantó polvareda, no cuenta aún con el revoque fino. El impuesto, que alcanzaría a un universo no muy superior al 1% de las empresas, todavía no tiene alícuota definida. El objetivo de Guzmán es que esa “renta inesperada” se vuelque a inversión productiva, por eso habría un recorte de la alícuota para las empresas que reinviertan el excedente. Si bien el proyecto está en construcción, la idea original de Economía es que la “renta inesperada” se determine por margen de ganancia y ganancia en términos reales comparado con el año anterior.

La falta de información del proyecto no evitó que la oposición saliera presurosa a condenarlo, pero la medida propuesta -impulsada por el encarecimiento de algunos bienes fundamentales a causa de un acontecimiento externo y desgraciado como la invasión de  Ucrania- encuentra sustento en los manuales de prácticas occidentales. En su última publicación de diagnóstico económico global, el Fondo Monetario Internacional recomienda a países con escaso espacio fiscal fondear prioridades de gasto estableciendo impuestos temporarios a las empresas para capturar ganancias excesivas relacionadas a la pandemia.

Bonus track 

• En línea con lo que se dijo en la entrega luego de la visita de Gabriel Boric en este espacio, las últimas encuestas de CADEM y Pulso Ciudadano dan cuenta de los problemas estructurales que enfrenta el presidente chileno  a la hora de gobernar. El rechazo a su gestión supera el 50% apenas un mes después de haber asumido. El estancamiento económico y la alta inflación -ambas cuestiones precedentes a su asunción- influyen sobre un humor social que se ha volteado contra una Asamblea Constituyente que se percibe radicalizada, sectaria e inefectiva. Un voto de rechazo podría significar un espaldarazo para la ultraderecha que encabeza José Antonio Kast, que se opuso desde el comienzo a reemplazar la Constitución vigente, de raíz pinochetista.

Ojalá hayas disfrutado de este correo tanto como yo. Estoy muy agradecido por tu amistad que, aunque sea espectral, para mí no tiene precio.

Iván