Tres mitos sobre el ingreso familiar de emergencia

¿A quiénes apuntan las medidas del Gobierno?

La cuarentena total decretada el 20 de marzo implica un duro golpe al bolsillo de la gente, pero en particular para quienes trabajan en el sector informal o son cuentapropistas, ya que la gran mayoría no puede seguir con sus actividades y, a diferencia de las personas que cuentan con un empleo registrado, no perciben sus ingresos.

Recordemos que unos días antes, el gobierno había anunciado medidas por montos bastante significativos para las empresas ($350.000 millones), jubilados/as y quienes perciben la AUH ($36.000 millones).

Luego de la cuarentena total, era imprescindible tomar medidas para los sectores relegados, y fue precisamente por este motivo que el gobierno anunció el pago excepcional de un «ingreso familiar de emergencia» por $10.000, que en función de la duración de la cuarentena se verá si se hace extensible a mayo.

Resulta muy importante poner en contexto la cantidad de beneficiarios y el monto, para dimensionar su magnitud y la importancia de la presencia estatal en casos como este.

«Lo cobran quienes no trabajan»

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En primer lugar, veamos quienes están en condiciones de recibir el ingreso de emergencia:

  • Trabajadores/as informales.
  • Monotributistas sociales
  • Monotributistas de las categorías A y B.
  • Trabajadores/as de casas particulares.

Al mismo tiempo se suman otros requisitos. Primero, el hecho de que sea por «familia» implica que por más que en la casa haya más de un integrante que cumpla con los requisitos, solo uno puede recibirlo. Sumado a eso, quien lo reciba o su grupo familiar no pueden tener ingresos provenientes de:

  • Un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.
  • Del monotributo de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.
  • Una prestación de desempleo (que solo la perciben quienes tenían un trabajo registrado).
  • Jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

Además, tienen que tener entre 18 y 65 años, ser argentino nativo o residente por más de dos años y, por último, si cumplen todos estos requisitos además se constará que la persona no reciba ingresos por rentas financieras ni tenga un patrimonio considerable (aunque no se aclaró el monto).

Una aclaración adicional es que quienes perciben la AUH también pueden recibirlo, siempre y cuando cumplan con estos requisitos.

«Lo cobra medio país»

Debería quedar claro que, con esas restricciones, el ingreso no lo puede cobrar cualquiera. Los requisitos tienen un fin claro: apuntar al sector informal más vulnerable de la economía, es decir a quienes hasta la cuarentena trabajaban, pero tenían un ingreso bajo. Nuevamente, es importante no solo saber el número de beneficiarios sino todo el contexto que lo rodea.

Argentina tiene 45 millones de personas. Si nos quedamos solo con las personas en condiciones y edad para trabajar, ese universo se reduce a 21,2 millones. De ese total, actualmente hay alrededor de 1,8 millones de desempleados y 19,4 millones con trabajo, donde más del 25% tiene un trabajo informal (unos 5,1 millones de personas). Asimismo, hay 4,4 millones de cuentapropistas (monotributistas, autónomos y monotributistas sociales) y casi 1 millón de dueños/as de empresas.

Composición de la población económicamente activa (21,2 millones de personas)

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

¿Eso quiere decir que este ingreso lo van a recibir unos 11 millones de personas?

No. Primero porque como mencionamos antes solo se cobra un ingreso por familia, con lo cual eso reduce bastante la cantidad. En segundo lugar, porque se deben cumplir los requisitos mencionados anteriormente y eso también excluye a un segmento importante. Por ejemplo, dentro del universo cuentapropista, aproximadamente el 60% corresponde a monotributistas, pero de ese total solo podrán recibirlo las dos categorías más bajas (A y B). A partir de lo anterior, el gobierno estimó que recibirán el ingreso unos 3,6 millones de familias, es decir el 8% de la población total del país, por lo que realizará un desembolso total de $36.000 millones.

El último punto que es necesario destacar para entender cabalmente por qué se destinan estos recursos hacia este sector son sus ingresos. Para tener una idea, la Canasta Básica Total (que mide la línea de la pobreza) se encuentra en $40.800. Esto significa que si una familia tiene un ingreso menor que ese se considera en situación de pobreza.

A partir de eso, analicemos el ingreso de quienes se encuentran alcanzados por los requisitos. Un monotributista social factura alrededor de $17.400 por mes, lo mismo que la categoría A del monotributo, mientras que la B asciende hasta $26.100 por mes. Una persona que trabaja en casas particulares cobra $26.800 (si le dedica 8 horas por día, 6 veces a la semana). Este segmento, que alcanza a unas 500.000 personas, es el único que podría seguir cobrando su sueldo (siempre y cuando se encuentre registrado) y cobrar además el ingreso de emergencia durante la cuarentena (siempre que cumpla con los requisitos).

Para quienes trabajan en el sector informal no se cuenta con estadísticas oficiales, y precisamente allí es dónde se realizará el cruce de datos para verificar que sus ingresos estén alineados con los anteriores.

¿Cuál es el objetivo de la medida?

Apuntar directamente a los hogares más vulnerables, en donde se estima que el 70% se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Además, por las características de sus empleos, las posibilidades de seguir trabajando desde su casa durante la cuarentena para la mayoría son impracticables. De acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (ECETSS), las ocupaciones con nulo porcentaje de realizar teletrabajo son los peones rurales, trabajo doméstico, feriantes y empleados gastronómicos (mozo, ayudante de cocina, etc.), precisamente aquellas con elevado grado de informalidad.

En suma, el ingreso familiar de emergencia es una medida destinada a los hogares que se encuentran en la situación más vulnerable para afrontar las circunstancias inéditas por las que está atravesando el país.

Me dedico a estudiar la macroeconomía argentina, algo que en este país debe ser similar a tener un doctorado en física molecular. Soy magister en Desarrollo Económico en la UNSAM y estoy haciendo el Doctorado homónimo en la UNQUI. Padre de gemelas y docente universitario.