Quedarte en casa con tu agresor: los femicidios en cuarentena

“El único delito que no bajó con la pandemia es el de femicidios”. Lo dice Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Por la cuarentena hay menos circulación en la calle, menos muertos por hechos de tránsito, disminuyó a menos de la mitad el número de robos y no se cuentan secuestros, pero se mantiene el número de mujeres asesinadas a manos de la violencia machista. 

Ya son más de 20 los femicidios y travesticidios contabilizados en el país desde el comienzo del aislamiento social obligatorio y Gómez Alcorta encuentra una explicación, aunque duela: “La cuarentena genera mayores riesgos para estas violencias porque cerca del 70% de estos asesinatos es perpetrado por las parejas o ex parejas y sucede en nuestras propias casas. Quiere decir que el hecho de estar todo el día en nuestras casas con los potenciales agresores aumenta la posibilidad. Ahí hay un problema estructural”.   

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) -aunque el consenso es bastante universal-, el femicidio o feminicidio es “el asesinato de una mujer por razones de género”. En definición de la Real Academia Española (RAE), se trata de “el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia”. Con algunos detalles de diferencia, lo que concluyen organismos especializados es que el femicidio no es cualquier muerte o asesinato de una mujer, sino aquel relacionado a la violencia machista. Para la ONU, la violencia de género también es pandemia.  

Los números

Hasta la primera movilización argentina del #NiUnaMenos, ocurrida en el año 2015, el Estado no había trabajado jamás en estadísticas oficiales de mujeres asesinadas por machismo. El primer registro creado fue el de la Corte Suprema nacional. Es muy fiable, pero, como trabaja a partir de causas judiciales, procesar las cifras lleva su tiempo, se informan varios meses después, y no siempre contemplan todos los casos porque a veces los femicidios no son caratulados de esa manera en el expediente. 

Es difícil tener un número preciso de los casos ocurridos en todo el país durante la cuarentena porque los datos se restringen a algunos distritos o se basan en publicaciones de medios de comunicación. Sigue sin haber un registro oficial nacional actualizado, con fuente directa y seguimiento permanente. Se corre el riesgo, entonces, del sub-registro o el sobre-registro.

A eso se debe sumar que no es lo mismo contabilizar los femicidios tal como se definió en los párrafos anteriores que agregar la cifra de femicidios vinculados, es decir, de aquellas personas asesinadas por un femicida para castigar a la mujer que buscan lastimar. A veces son los hijos, otras veces se trata de alguien del entorno, no siempre la víctima de un femicidio vinculado es una mujer. 

En las movilizaciones feministas, algunos carteles suelen dar cuenta de que, cada 32 horas en promedio, una mujer es asesinada por violencia machista en la Argentina. Hay quienes aseguran que la frecuencia es mayor y quienes sostienen que es aún menor. La clave es hacer la cuenta con datos anuales, porque hay meses de mayor incidencia.  

Hecha la aclaración de los cálculos, vale la pena mencionar que el Ministerio de la Mujer hoy tiene una fuente diaria: la cartera de Seguridad. En el gobierno de Cambiemos, los femicidios eran territorio del ministerio que gestionaba Patricia Bullrich y esos números siguen siendo procesados por el área de Seguridad, junto a la Defensoría del Pueblo de la Nación, basados en publicaciones periodísticas. El Observatorio de Medios del Ministerio de Seguridad le envía a Gómez Alcorta, dos veces por día, el reporte de femicidios, tentativa de femicidios y desaparición de mujeres. 

Ese registro indica que, en marzo de 2019, hubo 33 femicidios en la Argentina, y que, en el mismo período de 2020, el total fue de 34. Por eso hay quienes discuten que haya crecido la curva de casos, pero nadie discute que no bajó. 

En 2008, ante la ausencia de estadísticas oficiales, la asociación civil La Casa del Encuentro fue la primera en contabilizar los femicidios que se publicaban en medios de comunicación, aunque por entonces no eran caratulados de ese modo por la justicia. Durante muchos años, ésa era la única cifra disponible para consultar. El Observatorio de Femicidios lleva el nombre de Adriana Marisel Zambrano, una joven de 28 años, de Palpalá, Jujuy, asesinada a golpes por su ex pareja y padre de su hija, luego condenado a cinco años de prisión. En el período de cuarentena hasta el 16 de abril, La Casa del Encuentro contabilizó 21 femicidios. Como directora de esa asociación, Ada Rico entiende que las medidas adoptadas hasta el momento por el Estado nacional son insuficientes.

El Estado es responsable

Este subtítulo es quizás la consigna más gritada desde las agrupaciones feministas, a partir de la preocupación que genera un problema que parece enquistado. La ministra de Mujeres de la Nación reconoce la responsabilidad estatal en los asesinatos de mujeres y detalla: “Solamente el 20% de las víctimas de femicidio había denunciado los hechos previos de violencia. Sabemos que, para llegar a la violencia extrema, hubo, en la inmensa mayoría de los casos, muchos hechos de violencia previos. Que el 80% no le haya pedido ayuda al Estado habla de que el Estado es responsable. Hay una falencia muy grande cuando las mujeres sienten que el Estado no las va a ayudar”.

La ONU sostiene que, en América Latina, una de cada tres mujeres sufrió violencia física o sexual en una relación íntima a lo largo de su vida y subraya que “una de las principales estrategias de control de los perpetradores de violencia doméstica es la de aislar a la víctima”. De ahí el foco especial en el riesgo del aislamiento al que obliga el coronavirus. Se puede contemplar como agravante que las mujeres pueden pedir ayuda cuando llevan a los chicos al colegio y hoy no cuentan con ese recurso porque las clases están suspendidas.   

“Si bien en la región se han potenciado las líneas de atención de casos de violencia, estos han incrementado y lo femicidios no cesan. Se trata efectivamente de otra pandemia a atacar. Es fundamental tener datos disponibles, más refugios y protocolos específicos, apoyar a las organizaciones y redes de mujeres, y capacitar a la policía”, aseguró Florence Raes, representante de ONU Mujeres para Argentina y Paraguay.

Del Ministerio de Mujeres aseguran que, en cuarentena, aumentaron las consultas por violencia de género a la Línea 144, que brinda orientación, asesoramiento y contención en todo el país, a toda hora (para emergencias se recomienda el 911). Desde la cartera de Diversidad, detallan que el número de llamadas creció un 39%, pero se trata de un recurso que ya existía antes de la pandemia. 

En esta emergencia nacional provocada por el fácil contagio de COVID-19, recién dos semanas después de comenzada la cuarentena, se publicó en el Boletín Oficial la primera medida importante de protección a víctimas de violencia: se exceptuaba de la obligación de quedarse en sus casas a aquellas mujeres que necesitaran salir a pedir ayuda. Luego se sumó la reapertura de los establecimientos destinados a la protección de las víctimas, también con demoras. Se agregó un acuerdo con las asociaciones de farmacéuticos para una campaña donde las mujeres pueden pedir ayuda en las farmacias solicitando un “barbijo rojo” a modo de código, algo que fue criticado por algunas agrupaciones que argumentaron demasiada difusión de la medida, en contra de la complicidad que se buscaba conseguir. 

También la justicia actuó en consecuencia: decidió renovar de manera automática las medidas de protección vigentes para estos casos, como las restricciones perimetrales a los agresores, botones antipánico o exclusiones del hogar. 

Desde La Casa del Encuentro, Ada Rico reconoce el valor de estas medidas pero dice que no alcanzan. “Reclamamos que se garantice la entrega de alimentos o subsidio económico para la mujer y sus hijos o hijas en situaciones de riesgo, y solicitamos que se presente el segundo plan nacional contra las violencias por razones de género”, subraya. 

El primer plan nacional había sido presentado en 2019 por la ex ministra Bullrich y sólo dependía del área de Seguridad. Según prometen en el ministerio a cargo de Gómez Alcorta, el segundo plan se presentará a mitad de año e incluirá la articulación con los ministerios de Seguridad y Justicia.  

Declaración de emergencia

El 30 de marzo, diez días después de comenzado el aislamiento, distintos colectivos y organizaciones convocaron a un ruidazo nacional para hacer visible que muchas mujeres estaban encerradas con sus agresores. “La violencia machista no está en cuarentena”, fue una de las frases de la protesta.

En ese marco, hay varios proyectos de ley que solicitan que el Congreso declare por dos años la emergencia social por razones de género en todo el territorio nacional, para que se disponga con mayor premura de recursos destinados a tal fin. Los reclamos son previos a la pandemia de coronavirus pero algunos de ellos fueron reforzados en este panorama. Si el Congreso comenzara a sesionar en la pandemia, su tratamiento no está, por ahora, en los planes de los jefes de bloques mayoritarios.

Existe una petición con más de cien mil firmas en Change.org a cargo de la organización Mumala (Mujeres de la Matria Latinoamericana) para que, si no es el Congreso, sea el Poder Ejecutivo nacional el que declare la emergencia para reasignar presupuestos. También “hace falta capacitación a la hora de abordar las denuncias de violencia de género. Queremos que se implemente la Ley Micaela en todo el país”, reclaman sobre la norma que indica que todo funcionario debe capacitarse en el combate a la violencia machista. El pedido de emergencia se escuchó también desde el movimiento de actrices de todo el país y del grupo Periodistas Argentinas, a través de diversos comunicados.

En la Ciudad de Buenos Aires, hay un proyecto a cargo de la legisladora Laura González Velasco, de Somos Ciudad en el Frente de Todos. “Creemos que es necesario redoblar esfuerzos para que, en el presupuesto, podamos contemplar en especial la situaciones de estas mujeres. Debemos garantizar mejor acceso a la justicia, que la mujer se pueda alojar en algún lugar con sus hijxs y garantizar un subsidio económico que pueda sostener su autonomía”, explica la legisladora, que incluye también un plan integral con abogados patrocinantes y promociones en los barrios. Legisladores de su bloque, además, hicieron un pedido de informes por deficiencias que encontraron en la atención de llamados en territorio porteño a la hora de pedir ayuda. 

La Directora General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad, Agustina Ciarletta, asegura que están trabajando junto al gobierno nacional y provincial y que hay más personas que atienden casos por teléfono. “Hicimos una línea, que es Nación-PBA-Ciudad, para fortalecer la línea 144 y tomar medidas articuladas que garanticen el acompañamiento a la mujer”, dice la funcionaria. “En la Oficina de Atención a la Violencia Doméstica, que son denuncias presenciales, la demanda ha bajado, pero el número de llamadas es cada vez mayor. Empezamos la cuarentena con 15 llamados por día y hoy estamos en 30 ó 40”, completa. La Ciudad tiene un Centro Integral de la Mujer (CIM) por comuna, con guardias pasivas, y otros centros especiales. 

El trabajo con varones

En medio de la cuarentena, se despertó polémica por aquellos municipios que comenzaron campañas de prevención de violencia para que los hombres “controlen impulsos o enojos”, como si se intentara justificar el comportamiento de un violento. Pasó en el municipio cordobés de Cosquín. También en una línea telefónica que ofrecieron en Catamarca. 

Hay especialistas que aseguran que no hay recuperación de varones violentos y hay quienes sostienen que sí. Estos últimos, trabajan en distintos puntos del país con hombres que llegan muchas veces molestos por haber sido excluidos del hogar y allí los ayudan a comprender lo que hicieron para llegar a ese resultado, cuál es su responsabilidad. La búsqueda está en desarticular la estructura de muchos hombres -muchas veces cargada de sus familias de origen- que viven convencidos de que la mujer es de su propiedad. Modificar eso es parte de la idea de “deconstrucción”.

Salir del encierro

Además de la línea nacional 144, cada provincia del país habilitó en cuarentena números de Whatsapp o canales alternativos para pedir ayuda o hacer consultas. 

Es importante que toda mujer sepa que -aunque es cierto que no siempre los funcionarios públicos hacen valer los derechos de la población- cualquier comisaría es un espacio para hacer una denuncia. Especialistas explican que siempre es mejor asesorarse todo lo posible antes de escapar del hogar sin recursos económicos ni un techo alternativo. Pero el asesoramiento es viable cuando hay tiempo, no en una urgencia. Para la urgencia está el 911 o salir y pedir ayuda.

Y quien observe una situación de violencia ajena, de un vecino, conocido o familiar, debe considerar que no es ayuda hacer una denuncia sin consultarle antes a la víctima. Muchas veces la expone a un riesgo mayor. Recomendación de los que saben: prudencia, asesoramiento, y avisarle a la víctima que no está sola.