Pasa al frente el ministro Meoni
Después de que las actuaciones de Pesce y Vanoli mostraran el punto más bajo del Gobierno en la gestión de la pandemia, Transporte enfrentará ahora el desafío más importante de los próximos días: restablecer la circulación en el AMBA sin generar aglomeraciones.
Las actuaciones (des)coordinadas de la ANSES y el Banco Central la semana pasada mostraron el punto más bajo del Gobierno en la gestión de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 en la Argentina. Las aglomeraciones del principal grupo de riesgo a la intemperie en una noche fresca desnudaron los contrastes de un gobierno que recién comienza y se enfrenta a un escenario histórico y global de límites y consecuencias desconocidas. Un gobierno que, probablemente, en siete días volverá a enfrentarse a un desafío similar: la afluencia de usuarios de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), si, como anunció el presidente Alberto Fernández este fin de semana, la cuarentena obligatoria continúa flexibilizándose.
Después de los aplazos que consiguieron el director ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, será el turno de pasar al frente del ministro de Transporte, Mario Meoni. En los tres casos hubo tiempo para prever lo que pasaría.
«Fue un error imperdonable», evaluó ante Cenital una fuente oficial con despacho en la Casa Rosada respecto de la actuación del Central y de la mayoría de los bancos el viernes. No fueron pocas las advertencias que recibieron Pesce y varios gerentes de bancos en los días previos de boca de otros integrantes del Gobierno sobre el sistema de pago de beneficios sociales. «Les dijimos claramente que los jubilados no usan la tarjeta aunque la tengan», detalla, con frustración, quienes participaron de esas conversaciones. Intentó aportar soluciones, desde el Banco Provincia, una de sus directoras Juliana Di Tullio. Pero no fue suficiente. A la luz del resultado, hay un sector de la gestión nacional que acusa a Pesce de «ceguera». No se salvan de la pésima nota ni los bancos ni el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, abroquelados y reacios a dar servicios durante la cuarentena, a pesar que (el consenso es unánime ahora) cumplen tareas que son esenciales en un país que tiene a más del 30% de sus trabajadores en el sector informal. «Lejos de la realidad y mirándose el ombligo», los definen algunos de sus compañeros de gestión.
Meoni, a diferencia de los dos primeros, desconoce aún la magnitud del problema que deberá enfrentar. Para tener esas precisiones, necesita que el Presidente y su ministro de Salud, Ginés González García, definan los límites de la flexibilización de la cuarentena a partir del domingo próximo. En los últimos días, las ocho excepciones que se sumaron a las restricciones para circular no agregaron tensión al transporte público. Parece difícil que ese escenario se mantenga estable después de la semana que viene.
Por ahora, con el cronograma de feriados y la cuarentena estricta, el sistema público de transporte en el AMBA está resistiendo bien. Más allá de las aglomeraciones y los problemas que hubo para los usuarios de la línea Roca en el comienzo de las restricciones, la situación se estabilizó. Hoy viajan en promedio entre 500 y 600 mil personas por día entre el Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. En un día normal, pre COVID-19, lo hacían 4,5 millones. Y el viernes, el promedio subió a 700 mil por el desmanejo del pago de jubilaciones y beneficios sociales.
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El sistema de transporte público tiene un pequeño margen para sumar viajeros, aunque es estrecho y varía según la línea. La Roca siempre es la más complicada. Hasta que Presidencia y Salud no definan qué nuevas actividades quedarán exceptuadas de la cuarentena, Transporte no podrá proyectar cómo aguantará el sistema sin generar aglomeraciones.
Las tensiones por lo que viene, sumadas al papelón del pago de los beneficios sociales, aparecen además cruzadas por el gran imposible que encontró el Gobierno en lo que va de la crisis: desde el 3 de marzo, en que apareció el primer caso de COVID-19 en la Argentina, los precios subieron cerca del 3% según la estimación de consultoras privadas. Verduras, carnes y azúcar lideraron las subas. Con mucha advertencia de palabra pero pocas medidas en consecuencia, el Gobierno no encuentra aún la manera de enfrentar el problema. Mucho menos de ofrecer soluciones a los consumidores. La última idea pasa por comprometer a los intendentes en las sanciones, al sumarlos por decreto a la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. Una medida tardía y que algunos distritos bonaerenses comenzaron a implementar desde hace semanas, con clausuras y multas en mercadería, sin necesidad de esperar al Presidente.