No existe Alberto sin Cristina ni Cristina sin Alberto

Hola, ¿cómo estás? Hace años, cuando jugábamos un torneo de fútbol amateur, el capitán del equipo nos dio en el partido previo a salir campeones una directiva que me va a costar olvidar: “Tenemos 11 amarillas, gastémoslas todas”. Es lo que parecen haber decidido para el AMBA: utilizar todas las camas de terapia intensiva. Arriba los corazones.

Motricidad gruesa

No existe este Alberto sin Cristina ni esta Cristina sin Alberto. Por eso la oposición busca, con inteligencia y perseverancia desde el primer día, generar malestares en el binomio presidencial. Y a veces recibe la inestimable ayuda de vectores oficialistas. A partir de esa máxima –que en este caso es mi verdad relativa– se puede empezar a aproximar lo que fue la última semana del Frente de Todos con el tuit de la vicepresidenta como disparador que, a mí juicio, contiene un error de enfoque: el empresario es lo que tenga que ser para sobrevivir y fuga en un país donde sobrevive el que lo hace. Desde el Rodrigazo para acá, cualquier hombre –o mujer– de negocios sabe que si quiere proteger su compañía tiene que cubrirse de una potencial devaluación. En palabras del maestro Aldo Ferrer: “Si traés un empresario alemán y lo ponés a producir en Argentina, en tres meses está comprando dólares”.

Así las cosas, el fastidio vicepresidencial por la foto del 9 de julio generó en el círculo rojo las preguntas habituales que le impiden comprender a CFK hace más de 13 años: “¿Para qué hizo eso Cristina? No lo entiendo”. La pregunta podría invertirse y tendría más lógica desde el punto de vista de la construcción política –que es, luego, lo que te permite ganar elecciones–: “¿Cómo se le pasó a los organizadores del acto no convocar a la presidenta del Senado y socia mayoritaria con el 85% de los votos de la coalición?”. La ausencia de Hugo Yasky o de los movimientos sociales fueron errores reconocidos por el propio Presidente en un muy buen reportaje brindado al diario Página/12.

Cristina y Alberto quieren lo mismo: un gobierno pro-empresarios nacionales. Es el mensaje que le transmitió el Presidente a la UIA en varias ocasiones o Máximo Kirchner a sus interlocutores del mundo privado. CFK no recela de esos encuentros: ella misma se reunió con Jorge Horacio Brito a fines del año pasado luego de años sin hablarse. Los cortocircuitos de la última semana cristalizaron una dificultad que viene germinando desde la constitución del Frente de Todos: la falta de motricidad fina de un espacio sumamente heterogéneo nacido al calor de la necesidad electoral, pero –aún– sin la definición clara de su orientación político-ideológica. Y otra que también ha generado quejas en el Instituto Patria: un más que atendible problema de gestión.

Si bien es cierto que la pandemia distorsiona cualquier normalidad, los ATP, los IFE y el sistema de preventa para la industria del turismo, en siete meses, parecen poco para un equipo que debería mostrar medidas similares en todos los ministerios para intentar equilibrar las consecuencias de la pandemia. El laissez faire con los despidos en el ministerio de Trabajo –sumado a la permanencia en la cartera de funcionarios políticos del gobierno de Mauricio Macri, algo que provocó, en su momento, una mención en el encuentro que mantuvieron Cristina y el Presidente en Olivos– o la falta de un horizonte claro en Energía son ejemplos de un todo mucho más amplio.

El loteo horizontal de los ministerios perjudica el día a día entre internas y trabas administrativas y no delimita quién manda en cada una de las áreas. La habilidad comunicacional de Alberto y su indiscutible pluralismo pierden frescura al calor de la repetición. La falta de comunicadores con volumen político tiene como consecuencia que las balas nunca frenan antes del esternón del Presidente. 

Venezuela y el fetiche de las palabras

La posición de Argentina ante el crítico informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, fue breve y elocuente, lo cual hace difícil entender que motivara más de veinte minutos de aclaraciones por parte del Presidente de la Nación. 

El Embajador Federico Villegas se ocupó de usar el reducido tiempo de su alocución para repetir, una vez más, la preocupación de Argentina por la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, la oposición de nuestro país a las sanciones económicas que afectan directamente al pueblo venezolano sin ningún efecto colateral positivo y la necesidad de que la solución sea motorizado por el diálogo y la negociación entre los propios venezolanos.

Sólo desde una muy hábil y malintencionada jugada política se puede sostener que la Argentina estaba retomando la posición del gobierno anterior sobre Venezuela como sugirió el reciente comunicado de Juntos por el Cambio. Argentina en el documento critica explícitamente las sanciones lo que la diferencia claramente de la administración estadounidense. Esta posición adquiere mayor volumen en el contexto de negociación de la deuda, pero graba a fuego el principio de no intervención para nuestro país, un componente histórico y distintivo de su política exterior.

Lo que fue visto como novedad, aunque no lo haya sido, fue el acompañamiento de Argentina a la posición de la Alta Comisionada sobre el estado de los Derechos Humanos en Venezuela, una posición que también había mantenido Alberto Fernández ante la presentación del anterior informe, más crítico aún, en plena campaña presidencial. Esto ocurrió dos años después del recordado “en Venezuela no hay estado de derecho, pero en Argentina tampoco” de Cristina Kirchner en un reportaje con el portal Infobae.

El fondo de los cuestionamientos, por lo demás, aparece difícilmente objetable. No hay modificaciones sustanciales en la organización del Estado venezolano que permitan pensar en progresos respecto del último año y apenas el desbande de la oposición, sin rumbo al menos desde enero, ha traído estabilidad y, con ella, una disminución de la represión. 

Las elecciones previstas para diciembre en el único poder del Estado donde la legitimidad electoral no está en manos del oficialismo, más allá de las esperanzas manifestadas por el presidente argentino, difícilmente traigan una solución democrática y negociada entre los venezolanos. El Poder Electoral, alineado al oficialismo, dispuso recientemente la intervención de tres de los principales partidos de la oposición, por lo que incluso la ampliación del órgano supervisor de las elecciones para dar más presencia a la oposición no sería sino una repetición de una modalidad que se ha repetido otras veces. 

Aún así, es posible que los problemas lleguen antes, y pronto nos sorprendamos hablando nuevamente del país caribeño. Hace pocos días, el presidente Nicolás Maduro acusó a los «trocheros» –expatriados venezolanos de los más pobres, establecidos mayoritariamente en la vecina Colombia y que regresan a su país por el deterioro de las condiciones sociales y sanitarias– de ser responsables de introducir la COVID-19. El lenguaje adoptado, que incluye acusaciones de terrorismo contra personas desesperadas puede rápidamente devenir en acciones de represión en la frontera que serán cubiertas con la selectividad y el carácter cinematográfico al que estamos acostumbrados.

Ante este panorama, la posición de Argentina de principios y cautela parece cuestión de sentido común. Difícilmente un gobierno que se ha manifestado sobre la represión bajo gobiernos de origen democrático, que no incurrieron en desconocimiento de otros poderes constitucionales –como el ecuatoriano y el chileno– y que ha mantenido una posición de supina claridad frente al gobierno de facto que encabeza Jeanine Añez en Bolivia pueda permanecer indiferente ante las probadas violaciones a los Derechos Humanos que hace años son parte realidad venezolana.

Del otro lado se delimita claramente una estrategia fallida de sanciones, impulsada por una oposición partidaria cuyo fracaso ha sido reconocido en la intimidad hasta por el presidente estadounidense y que sólo puede ser entendida en América Latina por un seguidismo absurdo y perezoso por parte de gobiernos de derecha que han convertido a Venezuela en una cuestión totémica de política interna, como quedó de manifiesto en el Uruguay donde el Canciller Ernesto Talvi, ex candidato presidencial colorado, designado por Lacalle Pou, debió renunciar tras haber cuestionado el uso de la palabra “dictadura” para definir al régimen político venezolano. 

Los venezolanos enfrentan una pobreza generalizada, agravada enormemente por las sanciones estadounidenses. Los amplios sectores opositores se encuentran sin representación, por atropellos institucionales, pero también por carencias políticas. Que la posición de Argentina haya generado controversias dice mucho más sobre el uso que se le da a Venezuela que sobre la posición de Argentina. 

La polémica de los traslados

La casa era de Jorge Anzorreguy. Miguel Ángel Pichetto, Rodolfo Urtubey y Carlos “Coco” Mahiques, los presentes. Allí, el hoy juez de la cámara de Casación Penal conversó con los entonces senadores justicialistas sobre la viabilidad de que su pliego fuera rubricado por el Senado. El magistrado recibió una respuesta afirmativa. 

Fue el propio Mahiques, cuyo tratamiento no recibió mayores objeciones por parte de la entonces oposición y hoy oficialismo, que en diálogo con #OffTheRecord aseguró que “los traslados deberían cumplir con las reglamentaciones del Consejo de la Magistratura y obtener el acuerdo del Senado”. Este es el caso que Gerónimo Ustarroz pone de ejemplo para graficar qué es lo que espera de este proceso: una revisión del Ejecutivo, pero cuya última palabra la tenga el Congreso de la Nación como ocurrió con Mahiques.

La oposición, por su parte, rechaza la iniciativa y la considera “un embate contra la justicia independiente”. El voto clave lo tendrá Graciela Camaño aunque de la orilla que acompaña la movida gubernamental no descartaban el apoyo de Ricardo Recondo. El argumento del PRO y el radicalismo se sostiene en que el kirchnerismo quiere correr a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi de la Cámara Federal para “garantizar la impunidad de Cristina”. Bruglia y Bertuzzi no tienen ninguna causa gravitante contra Cristina. 

Bonus track

• “Si las elecciones hubiesen sido separadas el resultado de la elección hubiese sido otro”. Las declaraciones de Cristian Ritondo permiten recordar que luego de conformarse la comisión para estudiar el desdoblamiento de las elecciones, su titular, Manuel Mosca, recibió una denuncia por acoso sexual que luego no fue ratificada en la justicia. Quienes la motorizaron internamente fueron Pablo Avelluto, Alejandro Rozitchner y Laura Alonso. Algunos se preguntan si esos clásicos métodos de persuasión por otros medios que suele utilizar el ex Presidente Macri tenían como vector operativo lo que está saliendo a la luz en la causa de Lomas. Conjeturas. 
• El juez Rodolfo Canicoba Corral definió los procesamientos de Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías en medio de su renuncia y luego de un raid mediático en el que acusó al gobierno anterior de perseguirlo. Estas desprolijidades, naturalmente, le valieron una recusación y seguramente vendrán otras. A Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne –que fue el único de los cuatro que no participó del ruinoso acuerdo para el Estado– les esperaría el mismo tratamiento que a los otros dos ex funcionarios. 
• Te dejo esta reflexión de Borges sobre la amistad así se lo podés mandar a esos amigos que querés y no ves hace un montón.

Antes del libro, te quiero recordar que –producto de la situación global y del rubro en particular, pero también del ethos de Cenital– abrimos la posibilidad de que seas parte del proyecto a través del sistema de apoyo económico para poder seguir creciendo.

La recomendación de hoy es La hora de la espada de Leopoldo Lugones, porque al menos antes este tipo de movidas se hacían con cierta sofisticación y no a través de un retuit.

Ojalá hayas disfrutado de este correo tanto como yo. Estoy muy agradecido por tu amistad que, aunque sea espectral, para mí no tiene precio.

Iván