La exploración offshore y la estrategia Harry Truman

Tras el reciente conflicto que obligó a suspender la ley de zonificación minera en Chubut, la aprobación de los estudios de impacto ambiental para autorizar la exploración de hidrocarburos offshore en dos áreas del Mar Argentino -a 300 kilómetros de la costa marplatense y a 400 kilómetros de la costa de Necochea- amenaza con desatar un nuevo conflicto. El motivo, esta vez, es la agitación del riesgo que, para el turismo y para la actividad pesquera, podría significar -de acuerdo a los y las activistas- la actividad de exploración y explotación offshore de hidrocarburos presentes en las cuencas del Mar Argentino.

La búsqueda y prospección de hidrocarburos en el Mar Argentino no es novedosa para el país ni una actividad especialmente disruptiva en el plano internacional. De todo el gas que consume el país -para calefaccionarse, para la industria y para la generación de energía, entre otros usos- el 15% proviene de la explotación del Mar Argentino. Más precisamente, de la Cuenca Austral, ubicada entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde el recurso se explota a relativamente poca distancia de las costas. Lo mismo aplica para el mundo, donde la actividad offshore abastece alrededor del 30% de la demanda petrolera global y es llevada adelante por países en todos los niveles de desarrollo económico, capacidades tecnológicas y en cada continente. En lo que pareció un espejo de la campaña de Greenpeace con dos actores empetrolados, un posteo de Twitter mostraba -de Tel Aviv a Río de Janeiro y de Key West a Brunei- fotos actuales de bañistas de playas turísticas y paradisíacas ubicadas frente a explotaciones gasíferas y petroleras. Por lo demás, basta mirar las economías de Noruega o Escocia para verificar que la actividad es complementaria y no contradictoria con el desarrollo pesquero.

La preocupación ambiental, en su mejor luz, no es unidimensional. No sólo deberían mirarse los riesgos de derrames o la gestión del recurso sino también las obligaciones, convergentes y diferenciadas, de acuerdo a la fórmula diplomática, que tienen los países frente a la transición ecológica. En relación al primer punto, la seguridad: trasladar los reclamos de la necesidad de exigencias y controles adecuados para la prevención y mitigación de accidentes a la posible prohibición de la actividad ignora bastantes cuestiones difícilmente controvertibles. La seguridad de la actividad petrolera viene creciendo en forma sostenida desde hace décadas, los derrames accidentales se redujeron en forma exponencial, mientras la producción y el comercio de petróleo crecieron en forma sostenida. Un estudio exhaustivo de Peter Burgherr, de 2007, determinó que los derrames causados por plataformas offshore eran responsables de alrededor del 3% del petróleo introducido anualmente en los mares y océanos del mundo. Dinamarca, el mayor productor entre los que se comprometieron a cesar la explotación -por motivos que nada tiene que ver con la seguridad de la actividad-, no se encuentra ni entre los treinta primeros países productores y sólo cesará la actividad por completo en 2050, después de aumentarla durante la década actual. Los costos de la decisión para el país, uno de los más ricos del planeta, se calculan en no más de mil doscientos millones de dólares. Ese país es, además y no casualmente, uno de los principales productores de generadores eólicos en el mundo. En un mundo en que nadie da puntada sin hilo, las miradas más radicalizadas nos piden ir mucho más allá de los actores de vanguardia, sin ninguna contrapartida visible.

En el marco de su crónica restricción externa, agravada por el endeudamiento irresponsable a la que la sometió el anterior gobierno y con una informalidad laboral que oscila cerca del 40% de la población empleada, Argentina necesita empleos de calidad, recursos fiscales y divisas para posibilitar el crecimiento. La actividad petrolera y la minera generan, en conjunto, más de 300 mil empleos formales entre directos e indirectos, y los sueldos de ambas actividades se encuentran entre los más altos del país. Su expansión, por supuesto, multiplicaría también la cantidad de empleos y encadenamientos productivos ligados a dichas actividades. A modo de ejemplo, Australia es el principal exportador de software para minería en el mundo y Chile, por la cantidad de cobre que extrae, se encuentra en condiciones de exportar minerales refinados en vez de concentrados. En la actividad offshore es difícil explicar el proceso de desarrollo de Noruega sin atender a las tecnologías desarrolladas para la provisión de su empresa estatal, la actual Equinor. Incluso en nuestro país, las capacidades tecnológicas y exportadores en biotecnología, o en la industria satelital, son inseparables de nuestra competitividad agrícola. En cuanto al balance fiscal, las estimaciones para el caso de que hubiera resultados positivos en la exploración son de entre 30 mil y 95 mil millones de dólares de ingresos para el Estado. El beneficio es mayor a la hora de medir el resultado neto en divisas para el país, ya que a los primeros se sumarían las inversiones en dólares y las exportaciones, netas de la remisión de utilidades.

La discusión sobre los beneficios, muchas veces, se mancha. Es fácil sembrar dudas aún sobre premisas falsas. Un activista ambiental cuestionó los beneficios económicos del proyecto señalando que la producción offshore cuenta con regalías reducidas en un 50% y una disponibilidad de divisas de libre disponibilidad del 60% de lo obtenido. Según el dato, la información es falsa o maliciosa. La libre disponibilidad de divisas, que pide la industria debido a las restricciones cambiarias relativamente astringentes que el país aún mantiene, no fue otorgada a nadie hasta el momento. Sobre las regalías, el ambientalista parece desconocer que eso apenas compensa la mayor inversión que requiere un desarrollo offshore de uno convencional -unos 100 millones de dólares-, mientras ignora que, en el caso del pozo que se desarrollaría frente a Mar del Plata, un 50% de las exportaciones que genere el proyecto serán para la empresa estatal YPF como propietaria -lo que sumará tanto al saldo de divisas para el país, como de ingresos al Estado argentino. Un caso similar ocurre con el informe sobre el cual se sostiene la campaña de la ONG Greenpeace. 

La necesidad de adaptar el transporte y la generación de energía al riesgo existencial que el cambio climático significa para la humanidad resulta, en cambio, una cuestión atendible. Si tenemos que quemar cada vez menos combustible fósil para extraer energía, ¿es aceptable que Argentina continúe extrayendo hidrocarburos? La pregunta es pertinente, pero conviene, aquí también, una mirada más integral. Argentina no es capaz de influir decisivamente, ni por su producción, ni por el tamaño de su economía, en la demanda global de petróleo. La producción de los diez principales productores petroleros equivale, en un año muy malo, pandémico, como el 2020, a 50 millones de barriles diarios. La producción récord del país en septiembre de ese año, apenas superó el 1% de ese monto. Aún en el escenario de descarbonización más optimista trazado por la Agencia Internacional de Energía, el consumo de hidrocarburos se mantendrá relativamente constante en las próximas décadas, por lo que el debate es si Argentina va a beneficiarse o no de una demanda que ocurrirá de cualquier modo. 

El país sí tiene el deber, político, económico y moral de aportar a la transición energética desde sus fortalezas relativas y desde las políticas del Estado. Llama la atención que los funcionarios no repitan más a menudo que la ley de Movilidad Sustentable que el Ejecutivo envió al Congreso prohibiría la fabricación y venta de nuevos vehículos de combustión interna en menos de veinte años, en línea con las legislaciones más avanzadas, o la prioridad otorgada a inversiones limpias como el Hidrógeno Verde. Por otra parte, el otro gran recurso hidrocarburífero que posee la Argentina, el gas natural -del que Vaca Muerta es la segunda reserva no convencional a nivel global- puede contribuir al reemplazo del carbón -la fuente más contaminante a nivel global- y establecer un aporte significativo del país a la transición energética. 

Last but not least, sorprende, aunque sea repetido, que quienes se oponen a la explotación de hidrocarburos en nombre de la transición también lo hagan a la minería metalífera, dado que todas las fuentes de energía alternativas son, a su vez, intensivas en metales.