La cartuchera de Harry el sucio

«Vamos a poner una cosa en claro, se oye mucho por ahí sobre la estrategia de investigación del juez Moro. […] No tengo ninguna estrategia de investigación. Quién investiga, o quién decide qué va a hacer y tal, es el Ministerio Público y la Policía Federal. El juez es reactivo. Se habla de que el juez normalmente debe cultivar esas virtudes pasivas. Y yo, hasta me irrito a veces, veo una crítica un poco infundada a mi trabajo, diciendo que soy juez investigador». En marzo de 2016, en una de tantas conferencias que dictó sobre temáticas vinculadas a crimen organizado, el juez -actual Ministro de Justicia- Sergio Moro, defendía la investigación de Lava Jato, negaba haberla orientado, y recuperaba las «virtudes pasivas» y el «rol reactivo» de los jueces. Una caracterización adecuada para el diseño de constitucional de la República Federativa de Brasil pero que difícilmente pueda atribuirse a la actuación de Sergio Moro como magistrado en la que quizás sea la causa de corrupción más resonante desde que Mani Pulite barriera con el sistema de partidos de la Primera República italiana.

De lo que sabemos hasta ahora por las revelaciones de la publicación norteamericana The Intercept, las mismas dan respaldo documental a algunas de las sospechas más persistentes sobre Sergio Fernando Moro, el juez formado en los Estados Unidos que constituyó su carrera pública como parte de una cruzada a la que no caben los límites de la ley ni de las garantías de la Constitución, y que encontró en los investigadores fiscales y policiales de la Fuerza de Tarea Lava Jato el complemento ideal de sus intenciones.

Lava Jato parece fue concebida mucho antes de haber sucedido. En 2005, antes que se hablara del departamento de Lula, antes de que se supiera de un esquema de lavado de dinero, antes de que se sospechara sobre los negocios entre las constructoras y la empresa estatal de petróleos, un joven Juez Federal de Curitiba escribió un artículo jurídico sobre el proceso anticorrupción italiano, afirmando la necesidad de reproducirlo en Brasil. Ponía el acento en los costos que la corrupción acarreaba para los estados. Repasaba las dificultades para obtener pruebas concluyentes. Proscribía el uso de la prisión preventiva como herramienta para obtener delaciones y proponía invertir detenciones para los condenados en primera instancia, sin confirmación de un tribunal. Aún más interesante, desarrollaba la necesidad de alimentar a los medios con filtraciones selectivas, y los señalaba como aliados indispensables para cualquier operación de gran escala. Casi diez años después, estaba actuando cada una de las prescripciones del artículo que había escrito, y Lava Jato se convertía en el principal factor para la caída en desgracia del gobierno del Partido de los Trabajadores, apenas consumada su cuarta victoria presidencial consecutiva.

Marcelo Odebrecht, gerente e hijo del mandamás de la mayor empresa constructora de América del Sur, estuvo detenido casi un año con prisión preventiva, hasta que negoció una delación que implicó a gran parte del arco político con maniobras de pagos ilegales. Leo Pinheiro, de otra gran constructora brasileña, OAS, había sido encarcelado por actos de corrupción y lavado e intentó una delación que mejorara su situación ambulatoria. Tras una primera negociación fallida, el Ministerio Público validó la reducción de su condena cuando milagrosamente recordó el nombre de Lula y el famoso triplex de la costera ciudad de Guaruja, en el Estado de San Pablo. Ninguno de los detenidos presentaba riesgos procesales evidentes, pero Moro convalidó tanto sus largas detenciones como el alivio de su sufrimiento cuando accedieron a declarar aquello que el Ministerio Púbico pretendía.

Cuando en marzo de 2016 la presidenta Dilma Rousseff, envuelta en la crisis política, intentó nombrar a Lula Da Silva como su Ministro Jefe de la Casa Civil, Moro filtró a la prensa una conversación telefónica entre ambos obtenida ilegalmente, lo que terminaría por impedir la asunción de Lula tras una medida cautelar de Gilmar Mendes, un juez derechista del Supremo Tribunal Federal. La grabación era flagrantemente ilegal por dos motivos: en el sistema brasileño, los jueces de primera instancia no pueden validar escuchas sobre un presidente en funciones, y la orden que sí pesaba contra Lula estaba vencida unas horas antes. Moro asumió públicamente esas ilegalidades, pero señaló que había sido un «error de buena fe» de los investigadores. No le impidió difundir los audios, aunque luego pidiera disculpas. Hoy sabemos, por lo revelado en The Intercept, que la decisión de publicar grabaciones ilegales, lejos de ningún error, integró una estrategia que Moro concertó con el ministerio público y de la que, días antes de disculparse ante el Superior Tribunal de Justicia, afirmaba no arrepentirse en modo alguno.

Sabemos hace algunos días que Moro incluyó en el expediente transcripciones de conversaciones entre abogados de la defensa de Lula, un hecho que atribuyó a otro error «involuntario» de los investigadores, pero que reveló las líneas de la estrategia de defensa, y desde ayer que los investigadores no tenían una narrativa consistente que relacionara al departamento supuestamente recibido por Lula con la actividad de la firma Petrobras, algo que resulta obvio al repasar las sentencias tanto de primera como de segunda instancia. Esta desconexión resulta relevante porque de haberse tomado en cuenta, tanto Moro como los fiscales deberían haberse declarado incompetentes, y el caso trasladado inmediatamente a la Justicia de San Pablo.

De los documentos filtrados surge también una enorme preocupación de los investigadores por una eventual victoria del PT en las elecciones de 2018, y la discusión abierta de estrategias jurídicas para evitarlo. Una politización que concuerda con el accionar de Moro, quien una semana antes de las elecciones decidió liberar tramos de la delación del ex Ministro de Lula y Dilma, Antonio Palocci, sin que hubiera pruebas sobre el contenido de dicha delación, ni que hubieran producido efectos jurídicos relevantes, y que se volvió aún más revulsiva cuando Moro decidió aceptar el cargo de Ministro de Justicia en el Gobierno Bolsonaro.

En una de las conversaciones entre Moro y Dallagnol conocidas ayer, estos discurren sobre su propia capacidad para «limpiar el Congreso», una tarea que, de ser necesaria, no corresponde a un juez ni a un fiscal. Ninguna de las revelaciones conocidas hasta ahora contiene algo distinto a lo que se desprendía de analizar las decisiones judiciales recaídas en el expediente. Es probable, sin embargo, que profundice el dilema que insinuó la elección de Jair Bolsonaro como presidente. El tiempo dirá si para la mayoría de los brasileños los hombres providenciales valen más que las instituciones fundamentales, la posibilidad de perseguir a los enemigos, más que las garantías de los ciudadanos y, en última instancia, si el fin justifica los medios. Por ahora, están ganando.