La cartuchera de Harry el sucio
No hacía falta esperar a saber lo que se supo ayer ni a que se aclaren las enormes dudas que todavía quedan sobre cuál fue el mecanismo y cuál la justificación legal -si es que hubo alguna- para el envío de material represivo tres días después de consumado el golpe de estado contra Evo Morales para juzgar la actuación del gobierno de Mauricio Macri en este hecho.
Desde la reanudación durante el gobierno de Néstor Kirchner de los juicios con los que, con todas las garantías vigentes, Argentina cumplió con su responsabilidad internacional de garantizar verdad y justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, el país consolidó un camino de legitimidad creciente a nivel de derecho internacional de los Derechos Humanos que inició durante su gobierno Raúl Alfonsín, que siguió con decisiones como la extradición del criminal nazi Eric Priebke y que incluyó el repudio del gobierno de Eduardo Duhalde al golpe de estado contra Hugo Chávez -en contra de la posición de los gobiernos de Bush y José María Aznar. Hasta 2015, Argentina acompañó el funcionamiento y la evolución de los sistemas interamericano y global de Derechos Humanos. Durante el gobierno de Macri, la posición fue quebrada, primero tímidamente, en cuestionamientos a la competencia de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, tiempo después, en forma definitiva, a partir del reconocimiento del gobierno surgido del golpe de estado contra Evo Morales como un gobierno legítimo.
El descubrimiento sobre el envío de material quizás contribuya a arrojar algo de luz sobre la actuación continental en el marco de los movimientos sucedidos durante las semanas de furia entre las elecciones del 20 de octubre de 2019 y la masacre de Senkata, en la que fueron asesinados 10 ciudadanos, el 19 de noviembre del mismo año. En ese lapso, tres actores contribuyeron en forma definitiva con la consumación del golpe de Estado y la consolidación del gobierno de facto de Jeannine Añez tras las manifestaciones que buscaron desconocer la ajustada victoria de Morales en su tercera reelección. Policías, militares y «comunidad internacional regional», un término difuso en el que se sobreponen la Organización de Estados Americanos, el extinto Grupo de Lima y, claro, el gobierno de Donald Trump.
Es imposible separar el golpe del papel cumplido por Luis Almagro y su equipo, que lejos de observar la transparencia del comicio, en un contexto de fuertes tensiones, terminó produciendo un informe falaz, basado en un análisis estadístico que se desentendía de la diferencia empírica entre el voto rural y otros -que fue confirmada meses después, en la elección organizada por el gobierno de facto, que consagró como presidente a Luis Arce. El 25 de octubre, un día después de declarado oficialmente, tras cuatro días de recuentos, el ajustadísimo resultado de la elección boliviana, la Argentina de Macri, junto a Colombia, los Estados Unidos y la Unión Europea, pidieron a instancias de la OEA una segunda vuelta que los finos resultados no ordenaban. Con ese contexto, se dispararon las protestas callejeras.
El ocho de noviembre se amotinaron las policías en tres departamentos, y el diez fueron las Fuerzas Armadas las que obligaron a Morales a presentar la renuncia desde un refugio en la zona cocalera de Cochabamba adonde debió desplazarse con su vida en riesgo. El golpe se había consumado. La posición de Argentina fue que en Bolivia se habían producido «sugerencias» de actores institucionales dirigidas a bajar las tensiones. El gobierno de facto interino, encabezado por la senadora Jeannine Añez, tuvo inmediato reconocimiento e interlocución en las salientes autoridades argentinas, que durante un mes clave abonaron, junto a Brasil, Colombia, los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos, a su legitimación.
El envío de material represivo muestra que, además, el gobierno argentino prestó conformidad a la consolidación del gobierno golpista en su momento de mayores dificultades. Las primeras semanas, bajo protestas y movilizaciones constantes de los sectores populares, con paralizaciones de movimiento y hasta el abastecimiento de la capital en peligro por bloqueos y barricadas, dan cuenta del destino incierto que el golpe tenía en el momento inicial, una incertidumbre que, como atestiguan decenas de muertos, fue disipada por la represión.
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Es difícil entender el mecanismo por el cual el aprovisionamiento represivo quedó en manos de las fuerzas bolivianas sólo con la nota de agradecimiento y detalle que, como confirman los documentos de la Embajada Argentina y la Fuerza Aérea de Bolivia, se produjo con pleno conocimiento de las autoridades argentinas. La posibilidad de un documento apócrifo en ambas sedes, sugerida por el general Terceros, debería descartarse. Los testimonios y la documentación del ministerio de Defensa indican que, junto al avión Hércules en el que viajaron gendarmes para proteger la Embajada argentina y a quienes se encontraban refugiados en ella, se transportaron algunas cajas negras que quedaron en manos de las fuerzas de seguridad de Bolivia. Aún en la versión más benigna para las autoridades de entonces, que pertrechos de gendarmería hayan sido retenidos por las fuerzas bolivianas, sin un acuerdo espurio previo, hubo al menos una legitimación por omisión del gobierno argentino de esa maniobra. Por lo demás, tampoco explica el agradecimiento.
El conocimiento del aprovisionamiento represivo trae la posibilidad de ahondar el rol activo que el gobierno argentino, junto a otros de derecha de la región, cumplieron en la decisión y consolidación del golpe de Estado en los confusos días posteriores al 20 de octubre. En la hipótesis más amable, la administración Macri fue impotente siquiera para protestar porque el gobierno de facto de un país pequeño se apoderó de elementos que pertenecían a sus fuerzas de seguridad envíadas para proteger una embajada que las autoridades de hecho bolivianas estaban contribuyendo a asediar. En la peor hipótesis, la colaboración en la represión fue activa. La profundidad de la complicidad, en cualquier caso, es patente.
La improvisación de las acciones tomadas, el desenlace posterior, con regreso de Luis Arce y un gobierno de facto en el que los depuestos conservaron una mayoría de ⅔, no permiten suponer una maniobra coordinada y gestada de antemano. Sí, en cambio, un intento coordinado de exprimir las desprolijidades institucionales que precedieron a la cuarta candidatura de Morales para desestabilizar y deslegitimar cualquier alternativa progresista en la región. Un intento que, cuando mostró posibilidades de éxito, los gobiernos de la región no titubearon en convertir en acompañamiento a un golpe militar sangriento. Que la Argentina, con su historia, haya apoyado ese movimiento, será una de las mayores manchas que acompañen a nuestra política exterior desde la recuperación democrática.