La política en cuarentena
El Congreso quedó paralizado y los tres principales proyectos que Alberto Fernández anunció hace dos semanas deberán esperar, quién sabe cuánto tiempo.
Aunque aún no hay órdenes de cuarentena para
todos, la pandemia del coronavirus Covid-19 tuvo ese efecto sobre las
decisiones políticas en la Argentina y congeló cualquier programa,
proyecto o negociación oficial hasta que se aclare el panorama. Sin
decirlo oficialmente, el Congreso quedó paralizado, con recomendaciones
de pocas y despobladas reuniones de comisión y sesiones que nadie por
estas horas planea incentivar, pedir ni convocar.
Mientras en el ingreso a Casa Rosada les toman la temperatura a los trabajadores, la Dirección de Migraciones monitorea presencialmente a los extranjeros que llegaron al país en los últimos días desde zonas de riesgo para exigir que cumplan la cuarentena obligatoria, y los aeropuertos controlan telefónicamente a los viajeros que llegaron sin síntomas para insistir en que ante la menor duda se reporten ante las autoridades, el resto del Gobierno se mantiene expectante a la evolución de la situación en el país.
La negociación frente a los acreedores externos, que hasta hace dos semanas era la que provocaba el stand by de la política, que estaba supeditada al resultado que pudiera conseguir el ministro de Economía, Martín Guzmán, también entró en cuarentena. El Gobierno va de impasse en impasse.
Los tres principales proyectos que el Presidente anunció hace nada más que dos semanas en la Asamblea Legislativa deberán esperar, quién sabe cuánto tiempo. La Ley de Hidrocarburos, para incentivar las inversiones en Vaca Muerta; la reforma judicial, para desarmar el poder político de los tribunales federales; y el proyecto de legalización del aborto, reclamado desde hace décadas por los movimientos feministas que se masificaron en los últimos años, entraron en un compás de espera que nadie en el Gobierno sabe cuánto durará.
En cada uno de los casos pero especialmente respecto de la legalización del aborto el Gobierno hizo una ronda de consultas con los sectores interesados, para evaluar si políticamente era conveniente avanzar pese a todo o entrar en cuarentena. En general, las opiniones de los consultados se inclinaron por la segunda opción. Incluso la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que viene explicitando tensiones con el Poder Ejecutivo por el envío del proyecto, salió oficialmente a respaldar la decisión de no mandar todavía la iniciativa al Congreso.
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«Atentas a las prioridades que el Poder Ejecutivo ha dispuesto respecto a la presencia del virus Covid 19 en nuestro país, tanto así como las reiteradas consultas que hemos recibido sobre el tratamiento del proyecto IVE en el Congreso Nacional, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito manifestamos que respetamos esa prioridad en la atención y prevención en la salud de toda la población», indicaron en un comunicado en el que además subrayaron: «Son momentos en que la solidaridad debe primar, es por ello que nos ponemos a disposición en colaborar con la difusión de los mecanismos de prevención para frenar el avance del virus».
El Gobierno terminó de concretar el viernes un armado estratégico para avanzar con la legalización del aborto a paso firme en Diputados. Las puntadas finales para ello surgieron tras las elecciones del presidente y las presidentas de las comisiones de Legislación General; Legislación Penal; Acción Social y Salud Pública; y la flamante Mujeres y Diversidad. Todos están a favor de la legalización del aborto. La única que aún no está claro si intercederá en el debate es la titular de Legislación General, Cecilia Moreau, pues el proyecto podría avanzar sin necesidad de pasar por su comisión.
El resto de las presidencias quedaron para Carolina Gaillard (Legislación Penal), Mónica Macha (Mujeres) y Pablo Yedlin (Salud). Todos integran el Frente de Todos. De ellos, Yedlin es quien tiene más chances de conducir el plenario, pues la estrategia del Gobierno es presentar la discusión como un tema de salud pública. Tucumano y ex ministro de Juan Manzur, Yedlin fue uno de los voceros a favor de la ley durante el debate en 2018. Entonces, como diputado, votó a favor.