El aborto en tiempos de pandemia

«Soy niñera y empleada doméstica. El 2 de abril de este año ya estábamos en una cuarentena estricta que me dejó sin trabajo por un mes y medio. Estaba con trece semanas de embarazo, no sabía qué hacer, no lo quería tener por temas económicos y de inseguridad mía. No sabía si pedir ayuda o no, porque era la segunda vez que decidía abortar». Natalia tiene 27 años y vive en la provincia de Santa Fe. Es una de las (mucho) más de 6mil personas gestantes que abortaron de manera legal en la Argentina durante la pandemia de coronavirus, según cifras de la organización Socorristas en Red (SenRed), y parte de las cerca de 500 mil que abortan cada año en el país, según las últimas estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación. 

La pandemia pospuso hasta nuevo aviso el envío al Congreso Nacional del proyecto de ley oficialista para que el aborto sea legal en la Argentina y la problemática se corrió de la agenda pública a pesar de la demanda de organizaciones internacionales y la presión de movimientos feministas. Uno de los escenarios para hacerlo visible tendrá lugar este lunes, 28 de septiembre, en las actividades por el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. 

Salud pública

«Me llamo Nancy y aborté en cuarentena (…) Al cumplir mis dieciocho, fue como un baldazo de agua fría; nunca pensé que estaría en una situación así, o que iba a tener que decidir algo tan difícil. En mi familia son todos religiosos y están ‘a favor de la vida’. Jamás entenderán por qué tomé una decisión así, no podía contárselos por miedo a que me rechazaran o me juzgaran». Nancy, 18 años, Radal, Chubut.

Los testimonios de Nancy y Natalia son parte del libro Estamos Cerca, una recopilación de relatos de personas que abortaron acompañadas por las activistas feministas de SenRed durante los primeros cien días de aislamiento. La maestra y profesora en Ciencias de la Educación Ruth Zurbriggen, activista en esa organización y en la colectiva feminista La Revuelta en Neuquén, le explica a Cenital que «es muy interesante ver cómo quienes contaron su experiencia se dispusieron a hablarles a quienes van a abortar, para no sentirse sola en la vivencia del encierro».

La discusión no es sólo religiosa o ideológica: es, sobre todo, de salud pública. A mediados de agosto, en el Hospital Abraham Piñeyro de Junín, provincia de Buenos Aires, una mujer de 40 años murió después de sufrir una infección generalizada, y su familia denuncia que fue a causa de un aborto clandestino. Este caso salió a la luz, pero hay muchos otros que pasan de largo. 

El gobierno que lidera Alberto Fernández coincide en la mirada sanitarista y en esos términos lo plantean los ministerios de Salud y de las Mujeres, Géneros y Diversidad. «La falta de acceso a una interrupción legal del embarazo (ILE) es un problema de salud pública porque los abortos clandestinos y sus consecuencias continúan siendo la causa de una gran proporción de las muertes de mujeres en nuestro país -dice la ministra de Géneros Elizabeth Gómez Alcorta-. Según la Dirección de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud, un 13% de las muertes de mujeres está relacionada directamente a la práctica de abortos en condiciones inseguras».

El marco legal

En la Argentina, según el artículo 86 del Código Penal vigente desde 1921, abortar no es punible cuando el embarazo proviene de una violación o si la vida o la salud de la embarazada están en riesgo. El artículo 88 establece penas de uno a cuatro años para la mujer que se provoque su propio aborto o consienta que alguien se lo realice. Es decir, las personas gestantes pueden ir presas en la Argentina si deciden abortar.

En el año 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció sobre el caso F.A.L., iniciales de la madre de una adolescente violada por su padrastro. La mujer le pedía  autorización a la justicia para que su hija abortara en un hospital público. El máximo tribunal del país dijo que eso ya estaba contemplado en el artículo 86, convocó a los poderes judiciales de todas las provincias a no judicializar los casos de aborto que no están penados, y les encargó a los gobiernos provinciales y nacional la creación e implementación de protocolos hospitalarios, para “remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”.

La versión más actualizada del protocolo nacional para la ILE la firmó el actual ministro de Salud, Ginés González García, junto al presidente Fernández, en diciembre, apenas asumieron. Establece la responsabilidad del Estado de garantizar las condiciones para quien solicita la práctica y subraya que la decisión “es incuestionable”. Las provincias deben adherir a ese protocolo o crear el propio, pero no todas lo hicieron.

Las provincias y el protocolo ILE

Hay cinco provincias argentinas que no tienen protocolo para ILE ni adhirieron al nacional: Corrientes, Formosa, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. Son otras diez las que tienen una normativa más restrictiva y requieren actualización: Chaco, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Catamarca, Chubut, Córdoba, Mendoza y Río Negro. Las nueve jurisdicciones restantes sí adhirieron al protocolo nacional (Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires).

Cada territorio tiene su propia controversia al respecto. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidió no vetar la adhesión votada en la Legislatura pero publicó una serie de anexos: la posibilidad, contraria al protocolo nacional, de que no sólo la práctica pueda ser rechazada por aquel profesional que se ve impedido por sus creencias morales o religiosas (“la objeción de conciencia es siempre individual”, dice la Nación sobre esa decisión) sino también por una institución; y la discusión para determinar los períodos gestacionales alcanzados por el protocolo, cuando el nacional no establece plazos para la ILE.

No se conoce la estadística de detenidas por abortar pero sí hay algunos expedientes muy emblemáticos, como el de Belén -nombre de fantasía-, una joven que fue presa casi tres años por un aborto espontáneo en Tucumán, una de las provincias sin protocolo de actuación. Soledad Deza, la abogada que sacó a Belén de prisión, es presidenta del espacio feminista Mujeres x Mujeres y cuenta que “en Tucumán, en plena pandemia, se intentó desarticular el programa de salud sexual y no llegan los anticonceptivos. Es la única provincia que aún no adhirió a la Ley Nacional 25.673 de Salud Sexual de hace 17 años”. Para Deza, “el cambio más alarmante en pandemia es que la posibilidad de tener aborto legal se salió de la agenda política y que las medidas de aislamiento tienen un impacto desproporcionado en las mujeres y personas con capacidad de gestar”.

Jenny Durán, integrante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, refuerza que las restricciones en la circulación modificaron el panorama de aborto en todo el país: “Muchos servicios médicos fueron derivados a la atención del COVID; las redes de socorristas debieron modificar estrategias para el acompañamiento; y se aletargó la distribución de métodos anticonceptivos, la atención directa en consultas y la distribución de Misoprostol -medicamento para una interrupción del embarazo de manera segura-”.

Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, le dice a Cenital: “En el contexto de la pandemia, con el Ministerio de Salud, hubo intervenciones para garantizar ILE en aquellos casos en que fue obstaculizada. Si esto sucede, se pueden comunicar a la Línea 144 para informar sobre esta situación”. Desde la cartera de Salud detallaron que este año se compraron 36 mil tratamientos de misoprostol y que el número 0800.222.3444 de salud sexual fue reforzado en estos meses de aislamiento social para acompañar a las personas gestantes en abortos legales y contribuir al acceso de métodos anticonceptivos (MAC). Los llamados a esa línea aumentaron: entre abril y mayo, las consultas por la ILE fueron 1.499, en contraposición a las menos de mil en los primeros tres meses de 2020, sobre todo de personas entre 20 y 29 años. 

¿De dónde surgen las cifras?

Varias organizaciones en contra de la legalización del aborto, autodenominadas “pro vida”, suelen cuestionar la estimación que los últimos gobiernos nacionales hicieron de la cantidad de interrupciones clandestinas de embarazos que hay por año en el país. La idea de que hay cerca de medio millón de abortos anuales surgió en 2005 en un trabajo de las demógrafas, Edith Pantelides y Silvia Mario, a pedido del ministerio de Salud de la Nación, y se mantiene hasta hoy.

“En la Argentina, se realizan aproximadamente 1.300 abortos por día y las medidas de prevención de contagio del Covid perjudicaron o demoraron el acceso de muchas mujeres y personas con capacidad de gestar a las ILE. Además, por miedo al traslado o por no romper la cuarentena, muchas personas con capacidad de gestar tuvieron dificultades para acceder a métodos anticonceptivos, generando mayores riesgos de embarazo. La Organización Mundial de la Salud declaró el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva como servicios esenciales durante la pandemia”. Lo dice Nadia Ferrari, del equipo coordinador de Redaas (Red de Acceso al Aborto Seguro), un grupo de profesionales de la salud y el derecho vinculados a servicios de salud pública y comunitaria que este año, pre-pandemia, publicaron el informe “¿Por qué abortan las mujeres?”, donde dice que muchas interrumpieron el embarazo porque no lo deseaban, pero no por ello descartaban querer uno a futuro. Según el registro de abortos legales de REDAAS, la mitad de las mujeres que abortaron tenía entre 20-29 años y el 75% lo hizo con 12 semanas de embarazo o menos.

UNICEF dice que en la Argentina hay diez partos de adolescentes por hora. Hubo un descenso en chicas de 15 a 19 años en los últimos años, pero la cifra entre la población de 10 a 14 continúa estable. “Es imposible construir datos precisos cuando sigue estando en condiciones de ilegalidad. Hay relatos alarmantes de niñas madres, nenas de 11 a 15 años que son obligadas a gestar y parir. Las internaciones con complicaciones por abortos inseguros suman más de 49 mil por año. Nos preocupa mucho lo que sucede en las provincias que no cuentan con protocolo ILE ni adhieren al nacional. Y hay historias de obstrucción de derechos en muchas otras provincias”, advierte Jenny, de la Campaña por el Aborto Legal, que reúne a un conjunto de feministas que hace 15 años reclama de manera organizada que se apruebe el proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE).

El futuro del proyecto de ley

“Nuestra principal herramienta es la movilización social, que en estas circunstancias se complica, pero seguimos exigiendo que el aborto legal sea un hecho en este 2020. Aun en pandemia, los abortos son una realidad que debemos atender. Es momento de plantearles a nuestras legisladoras y legisladores y al Poder Ejecutivo que no dilaten más la aprobación. Fue una promesa de campaña electoral”, dice Jenny desde la Campaña por el Aborto Legal, cuyo proyecto de ley tiene estado parlamentario, aunque, de tratarse pronto, no sería ese sino el que envie Presidencia.

En pandemia no habrá movilizaciones al Congreso para reclamar la legalización. Tampoco habrá, por ahora, Encuentro Nacional de Mujeres (que parte de la organización llama «Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries»), cuya edición número 35 será en la provincia de San Luis. De no concretarse este año, se hará en 2021. Lo que sí habrá el 28 de septiembre, por ejemplo, son reclamos en redes, solicitadas en medios, y campañas online.

Una flamante investigación de la organización no gubernamental con sede en Nueva York Human Rights Watch se titula: “Es hora de saldar una deuda. El costo humano de las barreras al aborto legal en la Argentina”. El texto plantea algunas recomendaciones y exhorta a Alberto Fernández a que envíe el proyecto de despenalización y legalización del aborto al Congreso nacional, como prometió en marzo en la apertura de sesiones. En ese anuncio, previo a la cuarentena, el Presidente dijo que lo presentaría apenas diez días más tarde.

«Sigo tan comprometido como el primer día», reitera Fernández cada vez que es consultado. La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, explicó que la demora obedece a la búsqueda de una estrategia para lograr que se sancione: no sólo que se trate, sino también conseguir los votos. Pero habrá que seguir esperando porque el gobierno quiere hacer esa tarea junto al Ministerio de Salud, hoy focalizado en contener las consecuencias de la pandemia. El Ejecutivo no descarta enviar este año el proyecto, que no se conoce pero que, según se informó, resume el consenso que se había alcanzado en el tratamiento 2018.

Quizás para exponerlo o tal vez para meter presión, parte de la oposición lo corre a Fernández “por izquierda”. Incluso quienes están a su derecha. El senador por Misiones y presidente del Bloque PRO del Senado, Humberto Schiavoni, sostuvo en el programa Ahora Dicen de Futurock que «el envío del proyecto debió haber ocurrido hace mucho tiempo y no se entiende por qué no ocurrió». Según Schiavoni, quien ya votó a favor de la legalización en 2018, las condiciones están dadas para la discusión parlamentaria. La senadora Guadalupe Tagliaferri, del mismo partido, también a favor del debate y de la ley, dice que «con determinadas reglas, que hoy no están dadas en el Senado pero habría que tenerlas, aun siendo telemático, se puede tratar». Eso también está en discusión. En la misma bancada, Esteban Bullrich, ferviente militante de los pañuelos celestes, cree, por el contrario, que «no sería momento para tratarla».

El oficialismo tiene mayoría en la Cámara alta, pero en este proyecto los legisladores no votan de manera orgánica por su espacio político sino por creencias personales. Se apela a la «libertad de conciencia» y ahí el poroteo le daría más ventajas en Diputados. En esa cámara, la cordobesa Brenda Austin (UCR – Juntos por el Cambio) dice: «Siempre se encuentran razones para postergar el debate. El Ejecutivo debería enviar el proyecto y el Congreso decidir cuándo se trata. Ojalá sea este año». Por el momento, el bloque oficialista en Diputados no está trabajando en la obtención de votos, aunque no descarta que el tema pueda incluirse en una agenda de sesiones extraordinarias, después de noviembre.

El aborto cruza problemáticas y universos bien distintos: la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI); la Salud Sexual y Reproductiva para prevenir embarazos no deseados; la situación de las jóvenes que se embarazan y no saben a dónde recurrir; que todo el país conozca sus derechos sexuales y reproductivos; y tantos etcéteras. Cuanto menos se ponga el problema sobre la mesa, la bola de nieve puede crecer. El gobierno sabe que postergar para 2021 el envío del proyecto le agrieta mucho el terreno en escenario electoral, pero el Presidente insiste en que pronto encontrará el momento.