Métodos de gestión menstrual: las leyes que supimos conseguir y las que faltan

El 28 de mayo es el Día Mundial de la Salud Menstrual, una fecha en la que activistas de todos los continentes presentan reclamos, diagnósticos e investigaciones para mostrar que la menstruación es un factor de desigualdad que debe estar contemplado en las políticas públicas. Para comprender la problemática es importante pasar de la primera intuición: no se habla de desigualdad porque es un proceso fisiológico que le ocurre a una parte de la población y a otra no, sino porque tiene un impacto concreto sobre el acceso a derechos.

¿Alguna vez te imaginaste cómo es la vida de alguien que menstrúa y no puede comprar ningún producto para contener el sangrado? ¿Te imaginás yendo a la escuela o a trabajar en esa situación? ¿Te parece que una media o un paño son materiales seguros para gestionar la menstruación? ¿Cuántos productos conocés?

En 2017, en el marco del primer Paro Internacional de Mujeres la organización EcoFeminita lanzó la campaña #MenstruAcción, con el objetivo de dar a conocer tanto los datos que permiten responder algunas de estas preguntas, como el vacío de información respecto a cosas que sabemos que suceden, pero no en qué medida o a cuánta gente afectan. En este sentido, la campaña sentó un precedente dentro del movimiento feminista de nuestro país: fue la primera vez que la menstruación se convirtió en objeto de un reclamo por medidas concretas de salud pública. En sus 5 años de actividad, la campaña, junto a otras iniciativas de activismo menstrual, logró sentar precedentes legislativos a nivel lationoamericano e instalar el tema en la agenda mediática y política.

En Argentina, la brecha salarial entre hombres y mujeres, en promedio, es del 28,4%. El 50% de las mujeres empleadas gana menos de $38.000 y el costo estimado de gestionar la menstruación para marzo de 2022, mediante la compra de toallitas y tampones, es de entre 4.800 y 5.300 pesos. El gasto no es optativo e impacta de manera diferencial sobre ingresos que son de por sí menores. Por eso, el primer reclamo de la campaña es la quita del IVA de los productos de gestión menstrual, ya que son productos de primera necesidad y el impuesto sobre ellos crea una desventaja real para quienes menstruamos. Por otro lado, en un contexto en el que la mayoría de las personas pobres son mujeres, no poder adquirir los medios para gestionar la menstruación es un factor de ausentismo escolar y laboral. Las personas en edad escolar que no pueden acceder a productos que les garanticen no mancharse en clase dejan de ir durante los días de sangrado. Estas personas también son propensas a incurrir en prácticas poco sanitarias para gestionar su menstruación, que generan mayores riesgos de infecciones e infertilidad. El segundo reclamo busca reparar esta situación exigiendo la distribución gratuita de métodos de gestión menstrual en escuelas, cárceles y otros espacios comunitarios. 

Por otro lado, el impacto de la dificultad de acceso a la gestión menstrual es invisibilizado sistemáticamente mediante la construcción de un tabú y un estigma respecto a la menstruación, que la sitúa en un lugar vergonzoso. Esto tiene consecuencias también en la producción de conocimiento y la circulación de información. No hay información fidedigna sobre las consecuencias de la exposición química a largo plazo por vía vaginal derivada del uso de toallitas y tampones, informes de impacto ambiental por el desmonte de selva nativa para el cultivo de pinos de los que se extrae la materia prima de estos productos o estadísticas sobre ausentismo escolar por falta de acceso a métodos de gestión menstrual. El tercer reclamo, entonces, es la realización de investigación y la socialización de datos que permitan tomar decisiones tanto públicas como privadas respecto a la gestión menstrual.

Desde marzo de 2020, cuando el Municipio de Morón en la Provincia de Buenos Aires se convirtió en el primero del país en sancionar una ordenanza que garantiza la distribución gratuita de productos de gestión menstrual, la “ola roja” no paró de crecer. Según el informe “Acceso a la gestión menstrual para más igualdad”, elaborado por el Ministerio de Economía y UNICEF, “en Argentina, el Foro Nacional de Acciones para alcanzar la Justicia Menstrual sirvió de espacio de articulación para impulsar acciones y promover la salud y gestión menstrual desde una mirada amplia y transversal. Actualmente, hay iniciativas nacionales en 8 ministerios y la jefatura de Gabinete de Ministros, además de organismos (como INDEC y AFIP) y empresas del Estado (como AYSA). Además, 6 provincias (Tucumán, San Luis, Catamarca, Chaco, La Rioja y Misiones) cuentan con leyes o programas que abordan la problemática y al menos 34 municipios cuentan con ordenanzas o programas específicos.”

No hace falta mucho más que esta breve introducción a la problemática para ver que el tema ha logrado instalarse con fuerza en nuestro país. Sin embargo, la distribución gratuita es una condición de mínima que busca dar respuesta a una emergencia sanitaria. Los tres reclamos en los que se basa #MenstruAcción son la expresión de un problema más profundo: las concepciones estigmatizantes acerca de lo femenino moldean la subjetividad de nuestra sociedad y determinan, muchas veces mediante mecanismos subliminales, nuestras condiciones materiales de existencia. 

Por eso, este 28 de mayo (y todo el año, todos los años) seguimos trabajando para que las políticas públicas no se detengan en lo urgente y den por solucionado el problema.

En primer lugar, si bien es deseable que cada municipio y provincia administre sus recursos según su idiosincrasia para articular las medidas que haya aprobado en su legislatura, es necesaria una Ley Nacional que establezca lineamientos básicos, tanto para que la provisión gratuita abarque todo el territorio nacional como para que las políticas no dejen de lado ninguno de los ejes mencionados. Por dar un ejemplo, no es lo mismo sancionar una ley de salud menstrual en Misiones, donde se desmonta selva nativa para producir la pasta fluff que sirve de materia prima para toallitas y tampones, que en cualquier otro lado. Esto es un problema local con impacto regional. Si no se establece la obligación de abordar aspectos ambientales en cualquier política sobre el tema, se corre el peligro de que sea pasado por alto. 

En segundo lugar, como cualquier ampliación de derechos, las leyes de salud menstrual son una conquista popular. En este sentido, las acciones activistas no deben ser vistas dentro de una lógica del tipo “lo atamos con alambre hasta que llegue el Estado”, sino como instancias productoras de conocimiento. De hecho, si no fuera por las experiencias, las investigaciones y la sistematización y elaboración de datos de la sociedad civil, los legisladores no habrían tenido argumentos para fundamentar los proyectos de ley que luego se aprobaron.

Las políticas públicas, entonces, deben reconocer a las activistas como lo que son: expertas en salud menstrual y no solo valerse de su asesoramiento para las instancias previas a la sanción de las leyes, sino también retribuir y valorar su trabajo simbólica y materialmente dándoles espacio en la implementación de los programas territoriales. En las experiencias recientemente instrumentadas -tanto en provincias, como municipios-, se vio que estuvo en manos de organizaciones que no tenían experiencia previa en salud menstrual, cuya capacitación interna en el tema incluyó cuadernillos con párrafos copiados de materiales libres y gratuitos elaborados por las activistas que no fueron citados.

El movimiento feminista argentino es de vanguardia a nivel mundial y el activismo menstrual no es la excepción. Como en pocos lugares en el mundo, los reclamos e instrumentos surgidos de la lucha popular han encontrado eco en los espacios de toma de decisiones. Este 28 de mayo, se renueva el reclamo por  una Ley Nacional de Salud Menstrual que contemple y ponga en valor la experiencia y el trabajo de las activistas como forma de articulación integral feminista.

*La autora es coordinadora de la campaña #MenstruAcción y especialista en estudios críticos sobre menstruación.