Covid-19: la catástrofe moral tiene salida política

OXFAM sostiene que el COVID-19 es el virus de la desigualdad, donde los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres. Adicionalmente, la OMS advierte que corremos el riesgo de tener países que puedan controlar la epidemia y otros en los que se volverá endémica. Y si los gobiernos no empiezan a coordinar acciones de respuestas la situación tendrá sin dudas consecuencias humanitarias catastróficas.

La reacción egoísta y predatoria la vimos al comienzo de la pandemia, cuando los países ricos se aseguraron rápidamente suministros de testeo e instrumental médico. Lo que actualmente está sucediendo con las vacunas es aún peor. Hace unos pocos días, el jefe de la OMS alertó sobre el “nacionalismo de vacunas” que están adoptando los países más ricos del planeta para tener acceso preferente a las vacunas contra COVID19, lo que supone una “falla moral catastrófica” que amenaza una distribución justa y equitativa de vacunas en el mundo.

En números, esto se traduce en que de los 65 millones de vacunas ya proporcionadas en el mundo, el 80% de las mismas fueron ofrecidas a los Estados Unidos, China y los países más ricos de Europa. El mencionado informe de expertos convocados por la OMS sostiene que la mayoría de los países más pobres no podrán vacunar a más del 20% de su población y muchos tendrán que esperar hasta el 2022.

Esta catástrofe es particularmente visible en América Latina donde a pesar de concentrar uno de cada cuatro casos de COVID-19 en el mundo, sólo se ha aplicado un millón de vacunas. Además, para peor, esas vacunas se concentran casi exclusivamente en México, Argentina, Brasil y Chile, esto es, en las economías más fuertes de la región.

Bollyky y Bown, en un artículo de la Foreign Affairs, sostienen que la causa es que estamos ante un clásico “dilema del prisionero” en el que los países actúan como agentes con escasos incentivos para cooperar.

Es por ello que la tragedia, más que moral como sostiene el jefe de la OMS, es en realidad política, dado que refleja la incapacidad de brindar respuestas concertadas entre las naciones frente a una pandemia que ha mostrado efectos sanitarios, económicos y sociales devastadores.

La Asamblea General de las Naciones Unidas tardó un año desde el inicio de la pandemia para realizar reuniones especiales sobre el tema, sin dar tampoco resultados tangibles. La OMS se ha mostrado carente de músculo político y financiero, debilitada aún más con la retirada de la membresía de los Estados Unidos por parte de Trump. También genera sorpresa la escasa intervención del G-7, el G-20 y hasta del G-77 en dar respuestas concertadas.

La iniciativa más cercana a un ejercicio de colaboración efectiva es el Acelerador ACT que reunió tempranamente a gobiernos, laboratorios farmacéuticos y a grandes organizaciones filantrópicas como la fundación Melinda y Bill Gates, con el objetivo de apresurar la fabricación y la distribución equitativa de vacunas, tratamientos y medios de diagnóstico contra el COVID-19. Un componente de esta iniciativa es el esquema COVAX, por el cual se propone ofrecer 2.000 millones de vacunas a países de ingreso bajo y mediano.

No obstante, este esquema no ha logrado atraer a algunos de los principales países fabricantes de vacunas. Estados Unidos se acaba de unir esta semana. Tampoco participan los grandes laboratorios farmacéuticos y solamente ha conseguido un 25% de los compromisos financieros proyectados. Es decir, en el mejor de los escenarios recién estará distribuyendo vacunas para finales del 2021, un año después del comienzo de la vacunación por parte de los países ricos. Muchos países de América Latina y de África podrían lograr cierta cobertura recién para el 2023 o 2024.

El impacto de esta falta de mecanismos de gobernanza colaborativa a nivel global tendrá consecuencias devastadoras. Voces especializadas que están actualmente asesorando a la OMS sostienen que esto generará una enorme fractura en el mundo, causando estragos en esas sociedades.

Sin embargo, los incentivos son lo suficientemente contundentes y deberían alertar a los países ricos. La falta de cooperación también afectará necesariamente a los “ganadores”. La OIT esgrime que ya se perdieron 255 millones de puestos de trabajo alrededor del mundo. Si las muertes continúan creciendo, se estima que la pandemia podría matar a 40 millones de personas y reducir la economía mundial en 12,5 trillones de dólares para finales del 2021. Esto significa menos consumidores, menos exportaciones y menos trabajo. Y si el nacionalismo se globaliza se podrían poner en riesgo las cadenas de valor de las propias vacunas, para las cuales los principios activos generalmente se suministran de países en desarrollo.

La única manera colectiva de evitar el famoso “dilema del prisionero” es generando mecanismos, o fortaleciendo los ya existentes para una gobernanza colaborativa. Claro, la crisis del multilateralismo no es nueva. Pero no queda otra que hacer un trabajo político de construcción de consensos y liderazgos compartidos en el campo internacional, para convencer a los países de esta cooperación.

Con la administración de Biden, y la reincorporación de los Estados Unidos a los Acuerdos de Paris, la OMS y a COVAX, se abre una nueva ventana de oportunidad. América Latina podría hacer lo mismo y reconstituir el Consejo Sudamericano de Salud. El mismo, parte de la desmantelada UNASUR, era justamente el único espacio regional que reunía a los ministros sudamericanos con el objetivo de promover políticas sanitarias comunes.

Una gobernanza colaborativa permitiría vacunar equilibradamente y asistir a poblaciones prioritarias con objetivos críticos de salud pública. A su vez, se estimularía a las economías, se evitaría interrupciones en las cadenas de suministros, se podría sostener condiciones para los laboratorios (y no al revés) y se evitarían conflictos geopolíticos innecesarios.

La política, ya sabemos, nunca es la salida más fácil. Pero también sabemos que, de esta crisis, nadie se salva solo.