Apostemos a la política

Política y violencia, y violencia política. El rechazo a una sociedad civil armada y facciosa.

Este newsletter habla de política. Y hoy vamos a hablar de la causa, lo opuesto y el fantasma de la política: la violencia. Porque, ¿qué es la política si no es la actividad organizada para resolver los conflictos entre grupos sociales sin recurrir a la violencia? La promesa de la política no es, primariamente, ni justicia ni bienestar, sino ante todo paz. Mi argumento puede sonar desmedidamente hobbesiano, pero me resulta evidente que sólo mediante la paz inaugurada por la común aceptación de la resolución pacífica de los conflictos se puede abrir la instancia necesaria para que se discutan colectivamente las definiciones de buena vida y los proyectos colectivos. 

Sin embargo, no debe entenderse con esto que la política representa una utopía de amor y paz garantizadas. Para nada. Porque la cruel ironía es que la política nunca logrará desterrar al fantasma de la violencia política, sino que en sí misma lo alimenta. Vale decir, la apuesta a la política implica una paradoja: para desterrar la violencia política real, se permite y hasta alienta la politización y el conflicto de la cotidianidad de la comunidad. Como además vivimos en sociedades pluralistas en donde no existe una única definición autocrática del bien común, sino múltiples visiones acerca de cuál es la buena vida, es evidente que esa pluralidad requerirá una constante y activa negociación. Aceptamos que no vamos a dirimir nuestros conflictos por la fuerza, pero, al hacerlo, aceptamos también que viviremos en un espacio social caracterizado por un grado de conflicto constante y democrático sobre qué hacer y cómo hacerlo. Sólo un alma ingenua puede imaginar que este conflicto no puede escalar. De hecho, el canon de la teoría política democrática está lleno de preguntas sobre cuáles deben ser los límites del conflicto aceptable y cómo hacer para evitar que los diferendos se transformen en violencia (existen autores, incluso, que van a sostener que la violencia abierta es inevitable o incluso deseable, pero podemos considerar que no forman parte del canon de la democracia liberal, que es lo que nos gusta). Entonces, la democracia requiere de dos compromisos en un inestable equilibrio: rechazar la violencia, y aceptar el conflicto.

El pasado 6 de enero el mundo entero se conmovió con las imágenes de los partidarios insurrectos del presidente Trump irrumpiendo por la fuerza en el Congreso de Estados Unidos. El motivo de este acto sedicioso era netamente antidemocrático: Trump lleva tres meses insistiendo que las elecciones del 3 de noviembre pasado le fueron negadas por un vasto e intrincado fraude, que Joe Biden no es el ganador, y que la única manera de impedir que le roben el poder es mediante una demostración de fuerza arrolladora. El proceso electoral norteamericano es largo y complicado, y el 6 enero debía ocurrir el último paso: ese día dos Cámaras del Congreso norteamericano (representantes y senadores), más el vicepresidente, debían reunirse y certificar al ganador de la elección. Es un acto más bien simbólico, pero Trump y los trumpistas estaban convencidos de que si el vicepresidente Mike Pence y un número importante de congresales declaraban que no iban a certificar la elección, Trump aún podía ser declarado ganador. Como Pence dijo públicamente un par de días antes que no iba a obstaculizar la certificación del triunfo, Trump y los trumpistas lo declararon traidor al movimiento. En la mañana del 6 de enero Trump habló frente a los manifestantes y los animó a “marchar hacia el Congreso”. La columna de personas lo hizo inmediatamente, y tomaron por sorpresa a una policía capitolina que no había hecho ningún operativo de seguridad ante posibles disturbios (no se sabe bien si fue simple incompetencia, o si existió complicidad). Se escucharon cantos de “¡Colguemos a Pence!”. Se rompieron puertas y se entró por la fuerza a los recintos de votaciones. Un oficial de policía fue asesinado a golpes. Diputados y senadores huyeron por los pasillos, o se ocultaron bajo mesas. Sólo algunos metros y algunos minutos separaron a los sediciosos de toda la cadena de sucesión del país: el vicepresidente, el presidente del Senado, y la presidenta de la Cámara de Diputados. Se sospecha que buscan secuestrarlos o agredirlos. En síntesis: estos grupos rechazan la legitimidad del conflicto, en tanto y en cuanto rechazan la posibilidad de perder.

El carácter inusitado de la violencia puso en blanco sobre negro un dato que resulta muy difícil de aceptar para el análisis político: la democracia norteamericana no ha logrado desterrar de su seno la violencia política. No se trata sólo la herencia de las masacres cometidas contra poblaciones afroamericanas luego de la Guerra Civil, de los linchamientos, de la existencia de organizaciones como el Ku Klux Klan, de la represión de los luchadores por los derechos civiles de los sesenta. Se trata de un proceso de fundamentalización de “gente común”, acompañado de la compra masiva de armas facilitada por la Segunda Enmienda. Trump es la culminación de un proceso por el cual grupos de la población, sobre todo blancos, han asumido para sí el proyecto de impedir la integración política plena de los grupos de color, de los inmigrantes, y los avances en la igualdad de las mujeres y de las diversidades sexuales, mediante el uso de la fuerza. 

La reacción de la Justicia ha sido rápida. Han arrestado decenas de participantes en la insurrección, incluyendo a varios de los “famosos” de las fotos que se difundieron. Pero hay senadores y diputados que los reivindican. Trump posteó un video que “son gente especial, y los ama”. Se está investigando la participación de miembros de la policía, las fuerzas de seguridad, diputados provinciales, un fiscal. El 6 de enero grupos similares organizados tomaron varias legislaturas estatales. Nadie espera que este sea el último episodio de violencia. 

Me interesa señalar un último punto, y cerrar con un comentario sobre Argentina. Una cuestión que resulta central de la experiencia norteamericana con la violencia política es la diferencia vivencia de la estatalidad. Estados Unidos se formó en gran medida como una sociedad civil autoorganizada con alta desconfianza del Estado. Esto incluye (de manera acaso fundamental) la reserva de la posibilidad de violencia para sí misma. La Segunda Enmienda constitucional protege el derecho a armarse y formar milicias. El KKK, las posses de los territorios del oeste, los linchamientos a manos de ciudadanos comunes que posaban sonrientes junto a sus víctimas, son ejemplos de violencia autorganizada. Soy consciente de que esto representa una simplificación, pero puede decirse que desde el inicio hay grupos que no demandan al Estado que se haga cargo de disciplinar a otros actores sociales: demandan poder hacerlo directamente ellos mismos. 

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Argentina fue una sociedad con una violencia política extremadamente alta durante casi todo el siglo diecinueve, con una larga guerra civil en donde se enfrentaban milicias informales asociadas a caudillos, con grupos dedicados a la lucha armada en los setenta, y con la peor violencia organizada desde el Estado luego de 1976. Gracias a la militancia y el compromiso político de organismos de derechos humanos, juristas, y partidos políticos hemos logrado reducir la violencia en nuestra vida pública en un grado inédito en nuestra historia. Y, cuando existe, la violencia es sobre todo estatal. No hemos logrado eliminar la violencia estatal por completo, pero nuestra sociedad civil es pacífica. 

Por eso mismo resultan no sólo éticamente repugnantes sino prudencialmente repudiables los proyectos enunciados por referentes del principal partido de la oposición para promover que los ciudadanos argentinos pasen a armarse. Hay que ser claros: el proyecto de proponer que “las personas decentes” anden armadas resulta la enunciación premeditada de un proyecto, claro y programático, cuyo resultado buscado es la “violentización” del país mediante la transformación facciosa de su sociedad civil. Como tal, debe ser rechazado. Nuestra sociedad civil está politizada y es conflictiva, pero es pacífica. Apostemos a la política.

María Esperanza

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Soy politóloga, es decir, estudio las maneras en que los seres humanos intentan resolver sus conflictos sin utilizar la violencia. Soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. Publiqué un libro titulado “¿Por qué funciona el populismo?”. Vivo en Neuquén, lo mas cerca de la cordillera que puedo.