A 30 años de la Reforma de 1994, es necesario discutir un nuevo pacto constitucional

Al cumplirse 30 años de la reforma del 94’ es imperioso hacer un balance de los cambios sustanciales que introdujo aquella Convención Constituyente.

Las urgencias económicas se llevan lógicamente toda la atención y es necesario no escapar ni distraer el debate sobre las consecuencias sociales de las medidas implementadas.

Sin embargo, cuando pareciera que no hay lugar para discutir cuestiones que no sean de coyuntura, es importante incorporar también temas estructurales y de largo plazo al debate público. En este sentido, poner en cuestión las herramientas jurídicas de base, como lo es nuestra Constitución, merece una reflexión profunda.

Sin dudas ha sido muy importante la incorporación de los llamados derechos de tercera generación, como la protección de los consumidores y usuarios, del ambiente como bien colectivo, la defensa del sistema democrático, acompañado ello de las acciones necesarias para hacerlos valer (amparo, habeas data y habeas corpus) así como las garantías de participación pública en la toma de decisiones.

También, al otorgarle jerarquía constitucional a los tratados internacionales de Derechos Humanos, produjo un cambio de paradigma para la protección de los derechos y garantías de las personas. Pero, a la luz de su funcionamiento, no se puede decir lo mismo de las reformas orgánicas que se han implementado.

La intención de amortiguar el presidencialismo, pensada desde una lógica del momento político de la Argentina de los años 90’ sobre la base del bipartidismo, no ha arrojado el mejor de los resultados.

En este tiempo líquido e insustancial, parte de la autocrítica que nos debemos los dirigentes políticos, sociales, empresariales, gremiales y los medios de comunicación sobre el fracaso en el que vivimos, es repensar todo y consensuar ideas comunes.

Por aquello que reza que el derecho debe ser un traje que se calce en el cuerpo social, y NO al revés, es necesario revisar por completo el sistema institucional argentino y rediseñar el pacto de convivencia social que, expresado en la letra de la Constitución, nos permita salir del espiral de decadencia que nos encontramos.

Lo primero que no podemos negar es que los avances tecnológicos de la comunicación hacen un sistema más débil, en donde lo instantáneo nos lleva a discusiones livianas pero violentas. Las búsquedas algorítmicas y predictivas nos encierran en nuestras creencias, nos anulan el espíritu crítico y fomentan nuestros amores y odios con la lógica de consumo. Pasamos de marketing inductivo a, lisa y llanamente, la manipulación de nuestros espíritus.

En este marco, introducir cambios en la Constitución debería tener presente la implosión del sistema de partidos que alumbran hombres sin estructuras que, pudiendo parecer disruptivo al principio, pueden provocar vacíos y consecuentes crisis.

Los cambios institucionales requieren de un liderazgo consensual que hoy no existe. Pero por eso no es menos cierto que del fracaso se sale con ideas. Entonces, a tres décadas del último cambio institucional profundo, es necesario hacerse varias preguntas para incorporar al debate público:  

¿Sirvió el instituto del ballotage para dotar de legitimidad de origen a los presidentes o les otorga debilidad parlamentaria? ¿No debería pensarse en un sistema de acuerdo parlamentario si ningún candidato gana en primera vuelta?

El mandato presidencial de 4 años con reelección, ¿no debería revisarse e ir a periodos más largos y únicos como Uruguay, Chile y México?  ¿Se puede votar cada dos años y vivir la mitad del tiempo en campaña electoral?

¿La Justicia funciona mejor con el actual diseño de selección y disciplina del Consejo de la Magistratura, con una integración tan variopinta que se traba permanentemente, o debería volverse solamente a la propuesta del Ejecutivo con acuerdo federal a través del Senado?

Hablando de poder federal, la elección directa de los tres senadores por distrito, ¿cumple con el objetivo de representar realmente a las provincias o a los partidos ya representados por los diputados? ¿No deberían sentarse representantes directos de los gobernadores en el Senado de la Nación ?

¿No es hora de que la Ciudad de Buenos Aires se haga cargo de los tribunales ordinarios como en las provincias?

¿Puede una Corte Suprema de 5 miembros atender eficazmente más de 20.000 causas al año o debería convertirse en un Tribunal Constitucional con competencias originarias solamente? ¿Está bien que cualquier juez, de cualquier instancia, fuero o jurisdicción, revise la constitucionalidad de los actos administrativos y legislativos?

¿Está bien que el procurador general sea vitalicio, cuando la política criminal la dicta el Poder Ejecutivo?

El instituto del Defensor del Pueblo, ¿está correctamente diseñado si se encuentra vacante hace más de 15 años?

La independencia del Banco Central que defienda el valor de la moneda, ¿no debería tener rango constitucional?

A la luz de los irresponsables endeudamientos recientes, ¿el Tesoro no debería tener un límite razonable en la capacidad de contraer deuda pública?
 
Perón decía que hay que discutir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Por eso es necesario, justamente pasadas tres décadas de la reforma constitucional, encontrarle respuestas a estas preguntas (seguramente haya otras), que permitan un mejor y más eficaz funcionamiento de nuestro sistema democrático.